México D. F., a 22 de septiembre de 2015
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJERO ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CIRO MURAYAMA RENDÓN, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO INTERNACIONAL EVALUACIÓN DE LAS ELECCIONES 2015 Y LA REFORMA ELECTORAL 2014: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS, CELEBRADO EN EL PALACIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA
Muy buenos días, quiero empezar agradeciendo a nombre del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a los organizadores, a las doctoras María Amparo Casar y María Marván, a los Directores del Instituto de Jurídicas de la UNAM, Director Pedro Salazar, al Director del Centro de Investigación y Docencia Económica, por haber tenido la iniciativa de conseguir el seminario que hoy se inaugura.
Y agradezco también la oportunidad de compartir el presídium con el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con los titulares de la Sala Regional Especializada y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto y con nuestro anfitrión, el Abogado General de nuestra máxima casa de estudios.
La celebración de este seminario impulsado por el CIDE y la UNAM, Evaluación de las Elecciones 2015 y la Reforma Electoral 2014: Diagnóstico y Propuestas, es más que pertinente porque este año hemos concluido, con la primer experiencia de realizar comicios con el nuevo marco Constitucional y legal aprobado en 2014, y porque toda propuesta de cambio en el diseño institucional y normativo requiere como mínima condición de racionalidad y pertinencia, de diagnósticos rigurosos. Y no hay mejores espacios para la elaboración de análisis serios, que los que generan nuestras instituciones públicas de educación superior.
Contra el cliché de que nuestro país está sobre diagnosticado y de que lo que urge son cambios, sin peguntarse cuáles son estos, en los espacios de la academia, como el que nos convoca el diagnóstico es obligado e imprescindible. Por eso, celebro que a lo largo de esta semana, académicos y especialistas analicen los activos y pasivos del último ejercicio reformador en materia electoral.
Para el INE las elecciones de 2015 representaron la obligación de cumplir con nuevas atribuciones en un contexto complejo y en ocasiones adverso, la misión final era la conseguir que cada ciudadano dispuesto a participar en la definición de los cargos de Gobierno y de representación, ejerciera su derecho político fundamental, el del sufragio, como en efecto ocurrió el pasado 6 de junio en que tuvimos la mayor participación ciudadana en unas elecciones intermedias en lo que va del siglo.
Por supuesto, hay mucho que discutir, para eso estamos aquí. También hay temas que modificar en el diseño institucional y legal. Pero permítanme romper lanzas por dos asuntos claves que están en la base del avance democrático del país y en la existencia de elecciones competidas con un componente de equidad significativo.
Me refiero en primer lugar al financiamiento público a los partidos políticos. Desde que en 1996 se definió que el financiamiento público imperara sobre el privado y se estableció una fórmula equitativa para su reparto, es que hemos tenido auténticas elecciones; a partir de 1997 se rompió la hegemonía de un partido en la Cámara de Diputados y ello ha ocurriendo cada tres años hasta la fecha.
Después, fue el turno del Senado. En las elecciones del 2000-2012, se produjo la alternancia en la Presidencia y qué decir de la elección de 2006 que la elección más competida y cerrada de la historia.
El financiamiento público transparente y equitativo en asignación está en la base de esas contiendas genuinas, retirarlo por completo causaría un daño en la equidad de la competencia electoral y haría que los actores políticos dependieran necesariamente del dinero privado que, en este país, está en muy pocas manos.
Tiene sentido discutir si los montos de financiamiento son adecuados, si no son excesivos, pero si el legislador quiere modificarlos, tienen necesariamente que cambiar la Constitución, porque en su artículo 41 está la fórmula de cálculo que arroja los montos actuales. Y tienen también que modificar la Ley General de Partidos Políticos que establece otro tanto del financiamiento público a los partidos de las entidades federativas.
Segundo, el acceso de partidos y candidatos a la radio y la televisión a través de los tiempos del Estado.
La compra de publicidad en medios electrónicos se volvió, entre 1997 y 2006 el mayor disparador de la espiral inflacionaria en el costo de las campañas, así el de los actores políticos dependientes de su capacidad de negociación individual con los concesionarios y propiciaba su subordinación a éstos.
El exceso de spots puede corregirse sin volver al modelo donde sean los precios y las preferencias de los concesionarios los que determinen qué partido y candidato tienen más o menos exposición ante la ciudadanía.
Para decirlo en una nuez, partidos con nulo o escaso financiamiento público y necesitados de ingentes cantidades de recursos para comprar su presencia en radio y televisión, es una fórmula para que el dinero de opaco y hasta delincuencial se haga inevitable en nuestra vida política, mal camino sin duda.
Para concluir permítanme transmitir una reflexión que es a la vez una preocupación. Apenas en 2014 se dio vida el Instituto Nacional Electoral y se le mandató a realizar la capacitación y la integración de mesas directivas de casilla en todas las elecciones que se realizan en el país, sean federales o locales. Se le ordenó también a fiscalizar la totalidad de sus campañas, a revisar distritación de las entidades y, en otras cosas, a abrir el padrón electoral a los mexicanos residentes en el extranjero.
Son nuevas tareas que el INE ya hace o está por desplegar pues son su obligación Constitucional.
En las últimas semanas hemos leído una cascada de críticas contra el proyecto de presupuesto del INE a pesar de ser 20 por ciento en términos reales inferior al del 2015, y de que solicita un 68 por ciento menos recursos para organizar comicios, pues en el 2016 sí habrá elecciones en el 35 por ciento de los distritos electorales del país que son los que conforman las 13 entidades que tendrán comicios.
Y de que es el presupuesto operativo que representa históricamente el menor peso del presupuesto público en un año posterior a elecciones federales, el presupuesto de operación del IFE, del INE ahora, equivaldría al 0.32 por ciento, insisto, del gasto público federal, el más bajo en la historia para un año posterior a elecciones federales.
El INE no quiere que el gasto electoral crezca, pues la austeridad ya es condición de credibilidad de los comicios, pero reconozcamos que si lo que nutre cada reforma electoral es el ingrediente de la desconfianza, no tendremos como resultado instituciones y procedimientos electorales más austeros y menos barrocos.
De ahí que la decisión de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto del INE no puede ser ajena a las atribuciones que la Constitución le da a la autoridad electoral, las necesidades financieras que se desprenden de cada obligación jurídica pueden y deben ser explicadas y documentadas por el INE para la deliberación parlamentaria, por ello el legislador no puede ignorar en su decisión presupuestal el modelo de organización de las elecciones ni los derechos políticos que la Constitución garantiza a los ciudadanos.
Si se quieren revisar esas atribuciones, adelante. Si hay que hacer un INE más ligero, con menos tareas, bien. Que sea seria, legal y legítimamente, a través del cambio Constitucional como se decida si vamos a un modelo electoral minimalista, pero no por la puerta de atrás del recorte presupuestal ciego. Parece ocioso decirlo, más hay que recordarlo, la ley fundamental es la Constitución, no la ley de egresos.
Termino por donde empecé agradeciendo a la UNAM y al CIDE por este seminario, gracias por generar espacios para la reflexión informada que tanta falta nos hacen.