En conferencia de prensa este jueves, el gobernador Rick Perry dijo que el estado aportará 100 mil dólares adicionales a la recompensa de 100 mil dólares ofrecida por las autoridades del condado de Kaufman, donde laboraba el asesinado procurador Mike McLelland.
“Se trata de crímenes atroces, que afectan no sólo a los texanos, sino a la gente” de todo Estados Unidos, manifestó el gobernador texano. “Es nuestra esperanza y nuestra expectativa de que estas recompensas convencerán a los que pueden estar reteniendo información importante para que decidan presentarla”, aseveró. “Perseguiremos, encontraremos y castigaremos a esos que cometieron estos crímenes”, expresó Perry y agregó que el público jugará un importante papel en la colaboración con las autoridades.
La recompensa será promovida con una campaña en anuncios ubicados en todas las carreteras importantes de Texas. Hasta el momento, los investigadores no han informado si se tiene identificado algún sospechoso de los homicidios.
El sábado pasado el cuerpo de McLelland y el de su esposa fueron encontrados dentro de su casa, acribillados a balazos. El cadáver del procurador presentaba más de 20 impactos de bala y el de su esposa solo uno. Los homicidios se registran dos meses después de que un subalterno de McLelland, el subprocurador del condado de Kaufman, Mark Hasse, fuera asesinado también a tiros el 31 de enero anterior.
Perry ofreció la conferencia de prensa en las oficinas que ocupaba el procurador McLelland en la comunidad de Kaufman, a unos 70 kilómetros al sureste de Dallas. El gobernador se trasladará luego este jueves a Mesquite, un suburbio de Dallas, para encabezar en una iglesia de esa localidad una ceremonia fúnebre para McLelland y su esposa.
La ceremonia se realizará en la Primera Iglesia Bautista de Sunnyvale. El sepelio de la pareja está programado para este viernes en un cementerio de la comunidad de Wortham, en el condado de Freestone, donde McLelland creció, al sureste de Dallas.
A raíz de los homicidios, las autoridades de la entidad contemplan establecer medidas de seguridad para proteger a los procuradores de los condados, especialmente aquellos que conducen ante las cortes casos contra criminales violentos.