Luego de las suspicacias que levantó la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto en el 2012, debido a la aparición constante de su imagen en distintos y variados medios, que abarcó incluso revistas del corazón por su relación con la actriz Angélica Rivera, en México se hablado mucho de las limitantes a las campañas políticas para evitar actos anticipados de campaña así como el posicionamiento de imágenes que den ventaja a los candidatos.
En entrevista, el diputado del PRD Manuel Alejandro Robles, precisó que el objetivo de su propuesta es garantizar la seguridad jurídica y la equidad en los procesos electorales frente a aquellos actos ilegales de ciudadanos, precandidatos, candidatos y partidos políticos que pudieran afectar en un futuro el resultado de las elecciones.
Robles Gómez afirmó que los actos anticipados tienen lugar en la etapa preparatoria de la elección, antes y durante las precampañas hasta el comienzo de las campañas, etapa en donde se inicia la difusión de la imagen.
Indicó que quienes realizan esos actos anticipados en su mayoría son servidores públicos, alcaldes, delegados, gobernadores, diputados, aunque también se han difundido imágenes de ciudadanos sin cargo, que más tarde dan a conocer su aspiración política.
Buscan un posicionamiento para postularse como candidatos antes de los plazos permitidos por la ley electoral, lo que es una violación a la misma, pues la difusión de la propaganda resta equidad a las elecciones e implica un gasto de recursos de procedencia desconocida, insistió.
Robles Gómez sostuvo que proliferan los anuncios espectaculares y portadas de revistas en donde aparecen como ciudadanos algunos jefes delegacionales, diputados y gobernadores promoviéndose con alguna acción comunitaria de forma espontánea, sin aparente proceso de elección en puerta.
Su propósito es muy claro, darse a conocer, difundir su imagen, medir el impacto que tiene su discurso ante la gente, para después promoverse con algún partido y buscar una candidatura, por lo que se trata de actos anticipados de campaña que requieren ser cuantificados para que haya equidad en la contienda, aseveró.
El legislador perredista advirtió que estos actos violatorios al orden jurídico se han ido incrementando, transgrediendo los principios rectores que rigen los procesos electorales y dejando en desventaja a los demás candidatos que hubiesen respetado la ley.
Si se observan los mensajes de esa propaganda, no se hace mención de su gestión como servidores públicos ni de sus acciones o rendición de cuentas, lo que presupone una política encubierta, pues se deslindan con el argumento de que estos anuncios no están prohibidos, detalló el asambleísta.
Informó que su iniciativa de reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a las leyes de Publicidad Exterior, Orgánica de la Administración Pública y Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue turnada a comisiones, para su análisis y dictaminación.