El sistema judicial es utilizado para perseguir a los adversarios del gobierno, mientras que los verdaderos criminales andan sueltos por las calles, precisó el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la pública Universidad Central de Venezuela (UCV).
Alberto Arteaga Sánchez, en conversación con Notimex consideró como muy preocupante el hecho de que el presidente Nicolás Maduro no respete la independencia del Poder Judicial, ni permita que los jueces actúen de acuerdo a la ley sin miedo a las represalias.
Resaltó que eso trajo como consecuencia la existencia de una gran impunidad, en virtud de que los órganos de administración de justicia no responden al requerimiento esencial de la sociedad, frente al auge de violencia: que delincuentes reciban una sanción.
Advirtió que aunque popularmente se dice que el crimen no paga, en Venezuela triste y lamentablemente no es así, pues el crimen si paga en el sentido de que no hay sanción, ni castigo, y esto lo saben muy bien los delincuentes.
Recalcó que cuando la justicia se politiza y se desvía los jueces carecen de preparación, la Fiscalía de la República imputa a inocentes o cuando el gobierno deja sin recursos a policías, el sistema judicial colapsa y los delitos automáticamente quedan impunes.
Si a esto se añade el problema penitenciario, es decir que las personas que han sido condenadas son liberadas mediante una política de estado cuyo único fin es descongestionar las cárceles es evidente que ocurra lo que está pasando en Venezuela, observó Arteaga.
Dijo que un estudio realizado en 2013 por Nancy Rodríguez, ex presidenta de la Comisión Evaluadora de Jueces del Poder Judicial determinó que de ocho mil 813 denuncias por violación de derechos humanos que recibió la Fiscalía, tres por ciento tuvo acusación.
Tal es la situación de impunidad que La mayoría de los hechos punibles que se cometen en el país no se investigan, los pocos que se investigan no llegan a juicio, y los que llegan a juicio finalmente no reciben una sentencia condenatoria, reveló.
Arteaga dijo que por eso las personas víctimas de la violencia criminal van con desconfianza a los tribunales porque saben que allí no van a recibir respuestas ni indemnización alguna por el daño que sufrieron, porque sencillamente perdieron confianza en la justicia.
Ya no escuchamos a las madres, a quienes le han asesinado un hijo, pedir justicia en las puertas de los tribunales, sino expresar que no creen en esta y que solo confían en la justicia divina. Evidentemente que este cuadro tiene que cambiar, observó finalmente.