En entrevista telefónica con Notimex, Neyoy Ruiz dijo que está dispuesto a permanecer dentro de la iglesia con su esposa y su hijo hasta que se resuelva algo sobre su petición de permanecer en este país.
El inmigrante, de 36 años y originario de Los Mochis, en el occidental estado mexicano de Sinaloa, afirmó que su deportación provocaría un grave daño a su familia, en especial a su hijo Carlos de 13 años, que nació en Estados Unidos y nunca ha vivido en México.
Desde la tarde del martes, Neyoy Ruiz y su familia se refugiaron en la iglesia Southside Presbyterian, donde en la década de 1980 nació el Movimiento Santuario, organizado por religiosos para amparar a inmigrantes centroamericanos que huían de la guerra en sus países.
El inmigrante, que trabaja en el sector de la construcción, comentó a Notimex que llegó a Estados Unidos en 2000, recién casado, en búsqueda de una mejor oportunidad de vida.
Al año de su llegada a este país, su esposa Karla dio a luz a su hijo Carlos, que actualmente asiste a una escuela secundaria en Tucson.
Sus problemas, dijo, comenzaron en 2011, cuando fue detenido por un patrullero del Departamento de Seguridad Pública porque el automóvil que conducía tiraba humo en exceso.
Neyoy Ruiz se identificó con una licencia de conducir emitida en México, lo que el agente consideró insuficiente, por lo que lo detuvo y entregó luego a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
El mexicano permaneció un mes en el Centro de Detención de Inmigrantes en Florence, Arizona, donde con ayuda de un abogado logró salir en libertad bajo fianza en tanto se decide su situación migratoria.
El abogado, sin embargo, abandonó el caso sin avisarle, por lo que los procedimientos ante la corte de inmigración corrieron sin que fueran contestados.
Neyoy Ruiz se enteró de la situación en abril pasado, al recibir una carta donde las autoridades migratorias le notificaban que tenía como plazo hasta la noche de este martes para salir del país o exponerse a ser detenido y deportado.
El inmigrante sostiene que su caso no se ajusta a los criterios fijados por el gobierno del presidente Barack Obama para ser deportado, al señalar que siempre ha sido respetuoso de la ley y no tiene antecedentes criminales.