En su propuesta, la senadora Lisbeth Hernández Lecona señaló que “Édgar Tamayo Arias es uno de los tantos mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, que viajó a ese país en busca del sueño americano a los 18 años de edad.”
En 1994 el mexicano fue sentenciado a muerte por el asesinato de un policía en Houston, Texas, y desde entonces se encuentra en prisión.
Indicó que cuando Tamayo fue detenido no le notificaron que tenía derecho por ley a contactar al Consulado mexicano, por lo que el Estado mexicano llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas.
Diez años después, añadió, la Corte Internacional de Justicia declaró que la Unión Americana vulneró los derechos del debido proceso del mexicano, específicamente los contemplados en la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, firmado el 24 de abril de 1963.
La legisladora priista mencionó que Tamayo Arias es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó revisar todos los casos.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, dispuso que el gobierno de Texas no está obligado a atender la resolución del Tribunal Internacional, y rechazó la revisión del caso.
Hernández Lecona resaltó que hasta ahora dos mexicanos sentenciados a muerte que fueron amparados por la CIJ, ya han sido ejecutados, “el caso de Édgar Tamayo es el primero en no recibir ningún tipo de revisión a sus quejas relacionadas con la falta de notificación consular”.
La diputada federal señaló que el 17 de septiembre del año pasado al morelense Édgar Tamayo Arias se le dictó fecha para la ejecución de su sentencia, pena de muerte mediante la inyección letal, para el próximo 22 de enero.
Pese a las diversas gestiones que han realizado las autoridades mexicanas para revisar el caso, dijo, y a las misivas enviadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el gobierno de Morelos, en las que se apela por su vida, el gobernador de Texas, Rick Perry, fijó una postura inflexible sobre la situación del mexicano.
“Esta situación nos convoca a reforzar nuestra solidaridad y demandar al gobierno de Texas considere la revisión de la sentencia judicial que condena a Édgar Tamayo a la pena de muerte, además de verificar que se haya cumplido el debido proceso legal en el juicio, y con ello se evite una violación al derecho internacional”, expuso.