Aunque la CIDH hizo una amplia revisión del panorama hemisférico, su énfasis en estas tres naciones puso de relieve el difícil clima que a su juicio presentan tanto para el desarrollo de su tarea, como para la que realizan organizaciones e individuos de la sociedad en ese mismo terreno.
Tracy Robinson, comisionada presidenta de la CIDH, dijo que el informe no sólo es un mecanismo para dar cuenta de lo que la comisión hace, sino que además es un documento sustantivo sobre la situación de los derechos humanos en las Américas.
Se trata, dijo, de un importante mecanismo mediante el cual la comisión identifica las mejores prácticas estatales y continúa el diálogo respectivo, además de analizar los desafíos regionales en las Américas.
Robinson habló aquí en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el caso de Cuba, la comisión se refirió a las restricciones sobre los derechos políticos de la población, la libertad de expresión, diseminación de ideas, ausencia de independencia del poder judicial y la permanente y sistemática situación de violación de los derechos humanos de sus pobladores.
Dijo que la información recibida el año pasado sugiere que la situación de los derechos humanos no ha cambiado y que la severa represión y restricciones a los defensores de los derechos humanos persiste.
La comisión reiteró su preocupación por el impacto que el embargo económico y comercial de Estados Unidos impone a los derechos humanos de los cubanos, aunque dejó en claro que ello no exime al Estado de sus obligaciones contraídas bajo la Declaración Americana.
Por lo que toca a Venezuela, la CIDH reconoció los esfuerzos del gobierno para reducir la inequidad social, pero se dijo preocupada por la institucionalidad democrática, la falta de independencia del poder judicial y los obstáculos que enfrentan los promotores de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión.
La comisión lamentó de nueva cuenta la decisión de Venezuela de denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos y llamó a ese gobierno a revisar su decisión ante el negativo impacto que ello conllevará para la protección de los mismos.
Sobre Honduras, la comisión aludió la persistente situación de inseguridad que presenta esa nación centroamericana y la debilidad institucional que prevalece después del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya en 2009.
Aunque dijo que las autoridades llevan a cabo esfuerzos para atender algunos temas específicos, expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana, la falta de independencia del poder judicial y otras ramas del gobierno.
Consideró que la debilidad en la administración de la justicia constituye un reflejo de los altos niveles de violencia e impunidad, así como una discriminación y marginalización de algunos segmentos de la sociedad.
La comisión se dijo también preocupada por las situaciones relacionadas a la prisión de Guantánamo, en el caso de Estados Unidos, las políticas para quitar la nacionalidad a ciudadanos de ascendencia haitiana en República Dominicana, y las limitaciones impuestas a la libertad de expresión en Ecuador.