WASHINGTON (AP) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó el jueves a Estados Unidos de violar el derecho a la libertad y al principio de no privación de ésta por las detenciones automáticas y arbitrarias de familias y menores de edad que llegan a su frontera.
Al difundir un informe sobre la situación de las familias y menores no acompañados sin documentos en Estados Unidos, la Comisión dijo que la práctica de detención también amenaza los derechos a la protección de la unidad familiar, a estar libre de persecución o tortura y de buscar y recibir asilo.
La CIDH reconoció que la Secretaría de Seguridad Nacional ha procurado reducir la detención de las familias que ya han brindado información inicial sobre sus solicitudes de asilo. Pero instó al gobierno norteamericano a apelar a la detención solamente como un último recurso y en casos excepcionales.
Mary Giovagnoli, subsecretaria adjunta para política migratoria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo durante la presentación no haber revisado detalladamente el reporte de la CIDH pero se comprometió a “tomarlo con seriedad y analizarlo”.
“Los funcionarios gubernamentales tomarán cada preocupación, cada recomendación y cada conclusión muy seriamente”, agregó la funcionaria, quien dijo haber asumido su cargo en febrero de 2015.
La presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, sostuvo que “ésta es predominantemente una crisis de refugiados y necesita abordarse como tal, según las leyes internacionales. La crisis es regional por naturaleza. Debe haber colaboración regional para abordar las causas que llevan a las personas a migrar y proteger a quienes ya están en ruta, especialmente a los más vulnerables”.
La CIDH, un ente adscrito a la Organización de Estados Americanos, emitió su informe un año después de que visitara el Valle de Río Grande, así como Karnes City y San Antonio, Texas, en la frontera sur de Estados Unidos.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió durante el año fiscal 2014 a 68.541 menores no acompañados y 68.445 familias, lo que representó un aumento de 77% en el número de menores y de 361% en la llegada de familias respecto del año fiscal anterior.
La jueza fiscal de distrito Dolly M. Gee falló en agosto que el gobierno federal incumplía la prohibición de encarcelar a niños migrantes en instalaciones no autorizadas para albergar a menores y dio plazo hasta el 23 de octubre para liberarlos.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el mes pasado que estaba adoptando medidas para acatar el fallo pero que discrepaba con algunos elementos, por lo que apeló la decisión.
La mayoría de los inmigrantes provinieron de Guatemala, Honduras y El Salvador y alegaron que huían de la pobreza y violencia en sus países. Muchos aspiraban a refugiarse en Estados Unidos.
Desde que la CIDH realizara su visita las detenciones de menores y familias centroamericanas sin documentación han disminuido sustancialmente en la frontera estadounidense y se han incrementado en México.
A raíz del flujo migratorio, el presidente Barack Obama solicitó al Congreso 1.000 millones de dólares para apoyar a las tres naciones centroamericanas, pero un panel clave del Senado aprobó solamente 675 millones de dólares.
No se prevé que el Congreso adopte una decisión antes de fin de año.
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Luis Alonso Lugo está en Twitter como www.twitter.com./luisalonsolugo