México, 21 Oct (Notimex).- El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, celebró el acuerdo entre el gobierno federal y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Iguala.
“Qué bueno que este acuerdo se dio en ejercicio de la soberanía mexicana, qué bueno que hubo aceptación y precisión en los puntos acordados, qué bueno que se reinicie la investigación para que se localice con claridad el motivo, las consecuencias, los responsables y la verdad de lo ocurrido”, expresó el dirigente partidista.
En entrevista en el Encuentro Nacional de Autoridades Locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Navarrete Ruiz aseveró que el acuerdo relacionado con la desaparición de 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos es un paso importante “que hay que saludar”.
“Me parece que es un caso importante, me parece que la lucha que se ha dado en México y en organismos internacionales para esclarecer plenamente la verdad de lo ocurrido en Guerrero, en Cocula y en Iguala se concretó ayer con un acuerdo que hay que saludar”, externó.
A pregunta expresa, el dirigente perredista negó que con ese acuerdo haya quedado rebasado el gobierno de México “porque nosotros somos parte de organismos internacionales”, y pidió no aplicar la “regla del cohetero, de que si el cohete truena se le chifla y si no truena también se le chifla”.
Hizo notar que un organismo internacional ha logrado un acuerdo con el gobierno de México para una coadyuvancia, y “no veo en el acuerdo de los 10 puntos una sustitución de las autoridades mexicanas por las de otros países”.
Dijo que ve una coadyuvancia, un acompañamiento, una coparticipación de ese grupo con cobertura internacional, que permitirá retomar la investigación, como aquí en México se había exigido, para que se reinicie la investigación con nuevas líneas, para que se investiguen líneas que fueron precariamente investigadas.
Navarrete Ruiz consideró que de esa forma el tema vuelve a ser colocado “en primer plano”, con la participación en primer lugar de las autoridades mexicanas, del Ministerio público, la Procuraduría General de la República y los organismos de seguridad, con el acompañamiento y la participación de un grupo internacional.