BUENOS AIRES (AP) El gobierno argentino calificó el miércoles de “un invento” la denuncia de dos diputadas opositoras de que jueces, políticos y periodistas fueron espiados de forma ilegal por los organismos de inteligencia.
Así lo manifestó a periodistas el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien aclaró que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández “se va a allanar para que se pueda investigar lo que haya que investigar”.
La denuncia se produjo la víspera, a seis días de las elecciones generales, en las que el oficialista Daniel Scioli es favorito. En la lista de supuestos espiados están los cuatro candidatos opositores, entre ellos Mauricio Macri, segundo en las encuestas.
La acusación fue presentada ante dos jueces federales por Laura Alonso y Patricia Bullrich, legisladoras que responden a Macri, alcalde a su vez de Buenos Aires y líder del frente opositor Cambiemos.
El jefe de los ministros señaló que la denuncia tiene inconsistencias y que ambas legisladoras “se olvidan que su propio líder está procesado por escuchas ilegales”, en una causa judicial en la que el opositor está acusado formalmente de haber ordenado escuchar a su ex cuñado y al familiar de una víctimas de un atentado contra un centro judío en 1994.
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, rechazó la denuncia y dijo que los argentinos pueden hablar tranquilos por teléfono.
Según la denuncia judicial, “se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes de Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras” de más de un centenar de personas críticas o independientes del gobierno. Entre las mismas también hay figuras del espectáculo y jueces que investigan a funcionarios por supuestas irregularidades.
La diputada Alonso dijo a la prensa que ambas recibieron un llamado telefónico cuya procedencia no identificó en las que se les avisó que iban a recibir “un sobre con información sobre quiénes eran espiados”.
Su colega Bullrich apuntó contra el sector de inteligencia del ejército involucrado en los servicios secretos estatales como posible autor del espionaje.
El juez Sebastián Casanello, uno de los magistrados a cargo del caso, ordenó el miércoles medidas de prueba y dispuso el secreto de sumario de la causa. El magistrado cuestionó que las diputadas no le hubieran presentado la lista de supuestos damnificados que sí difundieron a los medios. El fiscal que interviene debe analizar si existe delito y amerita impulsar una investigación.
Scioli dijo que la justicia tendrá que dilucidar qué ocurrió y aseguró que nunca va a promover “ningún tipo de espionaje interno en el marco de la constitución y las libertades individuales”.
Macri acotó que “es muy importante tener servicios de inteligencia pero para cuestiones de terrorismo, trata y narcotráfico” y denunció que “el gobierno los utilizó por su obsesión de saber qué dicen los periodistas, jueces o políticos”.
“No nos extrañaría que fuera verdad” la denuncia, dijo a su vez el candidato presidencial Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.
Agregó que cuando el gobierno presentó meses atrás la propuesta de creación de una nueva agencia de inteligencia su grupo planteó en la Cámara de Diputados “un dictamen de minoría donde afirmábamos que el proyecto era una estafa porque dejaba en pie todo el andamiaje del nefasto sistema de inteligencia que hay en el país”.
El gobierno consiguió que saliera adelante la reforma de los servicios de inteligencia, que la oposición calificó de maquillaje, en medio de su enfrentamiento con un sector de los espías que fue echado en diciembre de 2014.
Según analistas y opositores, el gobierno usó en su momento ese sector de prominentes agentes para realizar tareas de espionaje y luego terminó apartándolo cuando se sintió perjudicado.
La ley prohíbe el espionaje de los ciudadanos por motivos de raza, religión, acciones privadas y opinión política, entre otros.
En Argentina tradicionalmente los servicios secretos han sido usados por gobiernos dictatoriales y democráticos para espiar a opositores y figuras relevantes con fines políticos, ilegalidad que el gobierno de Fernández dijo querer erradicar con la reforma que llevó a cabo.
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La periodista de The Associated Press en Buenos Aires Débora Rey contribuyó en esta nota.