La secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi Mershed, envió una comunicación a la Cancillería, notificando que el Estado colombiano tiene tres días para que responda los interrogantes de la CIDH. El pasado 9 de diciembre el Ministerio Público destituyó e inhabilitó al alcalde Gustavo Petro por una presunta improvisación en el cambio del sistema de recolección de las basuras en la ciudad en diciembre de 2012.
El equipo de abogados de Petro, denunció el caso ante la CIDH por considerar que el Ministerio Público de Colombia violaba los derechos políticos del alcalde, que fue elegido por voto popular en octubre de 2011.
Pero además, los abogados argumentaron que la decisión del organismo de control también violaba los derechos políticos de los 800 mil electores que votaron por Petro para la alcaldía de Bogotá, un periodo que va del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre 2015. La CIDH igualmente solicitó a Colombia información sobre los “recursos judiciales disponibles al respecto y su posición sobre la solicitud de medidas cautelares presentadas”.
El alcalde Gustavo Petro y su movimiento político Progresista, organizan una concentración con más de cien mil personas para el viernes 10 de enero en Bogotá, para rechazar el fallo del Ministerio Público y para respaldar la democracia y los diálogos de paz en La Habana.