Decididos a no reconocer ni la consulta del pasado domingo, ni sus consecuencias, los Veintiocho discutirán la posibilidad de implementar una tercera ronda de represalias contra Rusia, esta vez de carácter económico, afectando sus grandes empresas energéticas.
Las dos primeras, adoptadas al inicio del conflicto en torno a la entonces república autónoma ucraniana de Crimea, se limitaron al campo político. En un primer momento, las autoridades europeas decidieron suspender las negociaciones de un acuerdo marco para las relaciones bilaterales con Rusia y de un pacto de liberalización de visados.
El lunes acordaron también impedir la entrada en la Unión Europea y bloquear los activos de ocho personalidades ucranianas y 13 rusas acusadas de impulsar el referéndum en Crimea, y reiteraron su promesa de ir más allá en caso que Moscú no contribuyera para rebajar las tensiones.
No obstante, los países europeos siguen divididos acerca de cómo responder al más reciente desafío del presidente ruso, Vladimir Putin, el anuncio oficial de la anexión de Crimea. La división radica dado que alrededor de un tercio del petróleo y el gas consumido en la mancomunidad son importados a Rusia y 40 por ciento de ese total transita por Ucrania.
Además algunas de las principales economías europeas, como Alemania, Francia y Reino Unido, mantienen importantes relaciones comerciales con el país. En los pasillos de Bruselas no se descarta que las conclusiones de esa cumbre se limiten a más una declaración con nuevas amenazas a Rusia y un apoyo reiterado a la integridad política y territorial de Ucrania.
En paralelo, los Veintiocho tienen previsto firmar el capítulo político del acuerdo de asociación ya negociado con Kiev y rechazado por el depuesto presidente Viktor Yanukovitch. La agenda de la cumbre incluye, asimismo, un balance del proceso de creación del mecanismo de resolución bancaria, uno de los pilares de la futura unión bancaria de la zona del euro.
El objetivo es que todo se concluya antes de las elecciones europeas de mayo. También se analizarán las políticas fiscales y las reformas estructurales puestas en marcha por los gobiernos nacionales y se debatirá por primera vez la última propuesta de la Comisión Europea (CE) en materia de cambio climático.