MINEOLA, Nueva York, EE.UU. (AP) Durante meses, los policías que intentaban resolver una serie de robos en Long Island trabajaron con poco más que las borrosas imágenes de videos de seguridad en las que un hombre con suéter de capucha y pasamontañas asaltaba una gasolinera o tienda tras otras.
Hasta que el hombre armado se llevó un taco de billetes en los que los investigadores habían ocultado un dispositivo de rastreo GPS.
En cuestión de días, un sospechoso acusado de casi una docena de golpes incluido uno en el que murió un dependiente estaba entre rejas, y los agentes atribuyeron su éxito a una tecnología que se ha vuelto habitual en Estados Unidos en los últimos cinco años aproximadamente.
“Estas herramientas forman parte de nuestro arsenal”, dijo el jefe de la policía del condado de Nassau, Steven Skrynecki, después del arresto este verano, añadiendo que el GPS se utiliza ahora “como una cuestión de rutina en nuestras investigaciones”.
Pero estos pequeños dispositivos conectados por satélite, que por fabricación o colocación de la policía pueden terminar en tacos de billetes, frascos de fármacos y otros objetos que suelen robarse, plantean dudas a expertos legales que lo ven como un posible abuso de las fuerzas de la ley. Y se preguntan si algunos de estos casos se verán refrendados en los tribunales.
En 2012, el Tribunal Supremo de Estados Unidos analizó la práctica policial de colocar rastreadores GPS en los vehículos de los sospechosos para seguir sus movimientos, y estableció varios límites constitucionales sobre su uso. La corte no indicó que siempre se necesitara una orden judicial.
Pero ese veredicto no se refería de forma concreta a la táctica de ocultar dispositivos GPS de forma preventiva en objetos que podrían acabar robados. Ni mencionó durante cuánto tiempo puede seguirlos la policía o cómo puede utilizar la información que obtenga.
Eso ha dejado a los jueces con pocas referencias.
“Éste es el último capítulo en el desafío de las nuevas tecnologías a la Cuarta Enmienda”, afirmó Jonathan Turley, profesor de derecho constitucional en la Universidad George Washington. “Siempre hay una preocupación de que la tecnología pueda adelantar al derecho constitucional existente. Ahora depende de los tribunales decidir cuándo pueden los departamentos de policía utilizar esta tecnología para facilitar un arresto y un proceso judicial”.
Por ahora se han registrado pocas apelaciones constitucionales, debido en parte a que la tecnología es nueva, pero también a que algunos acusados se declararon culpables.
En general, señalan los expertos legales, los tribunales han determinado que si alguien roba un objeto con un dispositivo de rastreo, la policía tiene derecho a perseguirles. La policía lleva décadas atrapando a ladrones de autos a través de dispositivos LoJack de rastreo por radio.
Pero los defensores de los derechos civiles afirman que podría producirse un problema legal si la policía deja de forma deliberada un rastreador durante un periodo de tiempo para descubrir, por ejemplo, en qué otros delitos puede estar implicado un sospechoso.
“Para empezar, no creo que deba rastrearse a la gente con GPS sin una orden judicial”, dijo Jay Stanley, analista de política de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “Si alguien roba un objeto y la policía no le arresta en seis meses y sólo reúne información sobre cómo vive su vida, eso podría ser problemático”.
Además, los expertos legales temen que personas inocentes puedan verse en problemas por poseer sin saberlo algo con un dispositivo GPS oculto.
“Sólo porque Jim roba el dinero, quizá el único fajo que tenía el GPS es el que dio para pagar un préstamo, o pidió prestado el auto de un amigo y lo dejó allí”, señaló la abogada de Nueva York Amy Marion.
En la apelación de un caso en Buffalo, un acusado de atracar bancos que según la policía fue encontrado con una bolsa de dinero rastreada por GPS ha pedido que se desestime su condena, pero no acudiendo a la constitución. Él alega que el dinero no basta para condenarle.
El empleo de GPS refleja lo que algunos expertos lamentan como el menguante espacio de la privacidad en la actualidad, cuando parece haber cámaras de seguridad en cada manzana, los dispositivos portátiles indican nuestra ubicación y las casetas de peaje registran nuestros trayectos.
“No sólo vivimos en una sociedad como una pecera, sino que ahora el gobierno puede rastrearnos en tiempo real en la pecera”, dijo Turley.
En el caso de Long Island, las autoridades acusaron a Joshua Golson-Orelus, de 23 años, de asesinato y robo a mano armada en una serie de asaltos. Su abogado declinó hacer comentarios sobre el papel del GPS en el proceso.
“Estamos en un mundo distinto que hace 30 años”, comentó James Carver, presidente del sindicato de policía en el condado de Nassau, “y tenemos que aprovechar lo que se ofrece”.