En 2006, la jueza Gladys Kessler ordenó a las principales compañías fabricantes de cigarrillos en Estados Unidos que admitiesen públicamente que mintieron durante décadas sobre los peligros del tabaquismo, pero las firmas tabacaleras han topado los extremos para salirse con la suya.
La jueza fundamentó su decisión en el testimonio de 162 testigos, todo lo actuado en un juicio de nueve meses y miles de conclusiones de que los acusados se habían involucrado en lo que las principales organizaciones nacionales de salud pública calificaron de fraude masivo.
Así y todo, las empresas tabacaleras se han trenzado en una nueva batalla legal en un esfuerzo por evitar la humillación de tener que aceptar patrocinar una campaña de avisos en la que fundamentalmente deben autocalificarse como mentirosas. Los argumentos orales están previstos para el lunes ante el tribunal de apelaciones del distrito de Columbia.
El aviso debería aparecer en periódicos, televisión, cibersitios e inserciones en los paquetes de cigarrillos. Esos avisos, calificados como “declaraciones correctivas”, derivan de un caso civil que el gobierno planteó en 1999 según la ley contra delitos mafiosos (RICO).
Las compañías dicen que están dispuestas a difundir informaciones sobre la salud pública en relación con los cigarrillos, pero sostienen que esos avisos que les impuso el fallo judicial están destinados a que el público “no crean en nada de lo que las compañías dicen”.
Las firmas piden que se sustituyan esos avisos por otros.
El preámbulo de los avisos impuestos dicen que “un tribunal federal falló que Altria, R.J. Reynolds Tobacco, Lorillard y Philip Morris USA engañaron deliberadamente al público estadounidense”.
Las empresas tabacaleras sostienen que los fundamentos de la decisión de la jueza se refieren a la supuesta falsedad de las declaraciones de las firmas sobre el cigarrillo y la salud y no a que nadie haya sido engañado por ellas.
La cuestión de si las compañías engañaron al público es un hecho disputado en todo caso de fraude interpuesto contra los acusados por un fumador individual, dijeron las compañías según una reciente presentación ante la justicia.
Las compañías en el caso son Altria Group Inc., con sede en Richmond, Virginia, propietaria de la mayor firma del ramo en Estados Unidos, Philip Morris USA; el segundo fabricante de cigarrillos R.J. Reynolds Tobacco Co., propiedad de Reynolds American Inc. con sede en Winston-Salem, Carolina del Norte y el tercero, Lorillard Inc, con sede en Greensboro, Carolina del Norte.
La jueza Kessler requirió que las compañías difundieran públicamente los efectos del tabaquismo perjudiciales para la salud, la manipulación de la nicotina y el impacto sobre la salud del humo de segunda mano. También les exigió que revelaran la naturaleza de la adicción al cigarrillo.