A una semana de estallar el conflicto, la ACP y el Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC) presentaron ofertas y contrapropuestas sin llegar a ningún acuerdo y aunque en principio registraron avances sus posiciones ahora están polarizadas.
Reanudar las obras en caso de que el consorcio cumpla su amenaza del 30 de diciembre de suspender labores a partir del próximo 20 de enero “lo podemos hacer relativamente rápido”, dijo a periodistas el administrador de la ACP, Jorge Quijano.
La crisis entre empresas privadas y un ente estatal panameño pero autónomo obligó a la ministra de Fomento de España llegar a Panamá para mediar el lunes entre las dos partes, con el consorcio del grupo de ceñirse al contrato.
El GUPC, formado por la española Sacyr Vallehermoso (48 por ciento de las acciones), la italiana Impregilo (48), la belga Jan De Nul (3) y la panameña CUSA (1), reclaman mil 600 millones de dólares en sobrecostos al contrato por tres mil 221 millones de dólares de 2009.
El grupo aduce que “descubrió” fallas geológicas no reportadas por la ACP, lo cual incrementó los costos para producir los agregados para el concreto y además incidió en la demora de nueve meses en la finalización de las obras, ahora estimada para junio de 2015.
En un primer acercamiento tras esa mediación, el Canal propuso adelantar al GUPC 100 millones de dólares y ampliar la moratoria en el repago de 83 millones de dólares, mientras las instancias fijadas por el contrato resuelven las demandas del GUPC.
La oferta está condicionada a que el GUPC haga un aporte similar de 100 millones de dólares y a que levante su amenaza de suspender los trabajos de la construcción del tercer juego de esclusas, el principal componente de la ampliación.
En una primera respuesta, el GUPC respondió el martes que acata someterse al contrato pero demanda un aporte canalero de 400 millones de dólares en pagos adelantados.
Cuando la ACP analizaba esa propuesta, en aparentes diferencias en el GUPC, Impregilo desde Italia anunció dos alternativas: que la ACP pague mil millones de dólares en costos adicionales o que adelante 500 millones de dólares en pago.