Indicaron que agentes de la policía de Carabineros notificaron a Berlusconi en el Palacio Grazioli -su residencia en Roma– el decreto de ejecución de la pena carcelaria emitido por la fiscalía de Milán, la cual fue informada oficialmente por la Corte Suprema.
Precisaron que el decreto incluye el apartado que contempla la suspensión de la pena carcelaria (porque es inferior a 18 meses), ya que de los cuatro años de reclusión a los que el ex primer ministro fue condenado, tres quedarán automáticamente anulados gracias a la ley del indulto.
Según las fuentes, el texto de la sentencia fue también enviado al Senado con base en la Ley Anticorrupción aprobada por el anterior gobierno de Mario Monti, según la cual la cámara alta debe votar la expulsión del parlamentario condenado en vía definitiva.
Es decir, a pesar de que la Corte Suprema anuló una inhabilitación por cinco años (decidida en dos juicios previos) contra Berlusconi y ordenó a la Corte de Apelaciones de Milán una nueva decisión en la materia, Berlusconi podría verse obligado a abandonar su escaño parlamentario si así lo decide el Senado.
Debido a que el ex primer ministro ya tiene 76 años puede beneficiarse del arresto domiciliario por el año de reclusión que le queda por descontar, pero debido a los tiempos de la justicia italiana pasarán al menos dos meses antes de que ello sea posible.
Asimismo, tendrá un plazo de 30 días, que iniciará a partir del 16 de septiembre próximo (porque actualmente el Tribunal de Milán está en periodo vacacional) para pedir medidas alternativas, como trabajos sociales.
Sin embargo, la primera medida efectiva contra Berlusconi fue la revocación de su pasaporte, por lo que no podrá viajar al extranjero.
La medida dispuesta por la jefatura de la policía de Milán fue tomada pese a que el ex gobernante aseguró que nunca escapará del país, como lo hizo el ex primer ministro Bettino Craxi, muerto en 2000 en Túnez, a donde se refugió para evitar la condena por corrupción de la justicia italiana.
Por la tarde, Berlusconi se reunió con los parlamentarios de su partido, que lo recibieron como un héroe en la Cámara de Diputados.
Según los medios, los legisladores de su Partido del Pueblo de la Libertad (PDL), cinco de los cuales son ministros del gobierno de coalición de Enrico Letta, pusieron en sus manos su renuncia.
Berlusconi decidió por ahora rechazar la dimisión de sus correligionarios y evitar así la caída del Ejecutivo (que se sostiene con el apoyo del PDL, del centroizquierdista Partido Democrático y de la centrista Lista Cívica).
Sin embargo, llamó a que sea puesta en marcha una “reforma del sistema judicial”, mientras los parlamentarios del PDL anunciaron que pedirán al presidente de Italia, Giorgio Napolitano, beneficiar a Berlusconi con el indulto.
“Si no hay una reforma de la justicia, estamos listos para ir a las elecciones”, amenazó Berlusconi.
No obstante, la ley anticorrupción aprobada en 2012 por el gobierno de Monti veta lanzarse como candidatos a cargos de elección popular a “aquellos que enfrentan condenas definitivas con penas superiores a dos años de reclusión” por delitos varios, entre ellos el de fraude fiscal.
Berlusconi fue condenado en vía definitiva e irrevocable por fraude fiscal en la compraventa de derechos televisivos de su sociedad, Mediaset.