En una actividad fuera de la ciudad, Pérez Molina dijo a periodistas que desistiría de la querella iniciada porque sus abogados tenían opiniones encontradas sobre la legalidad de las acciones, pero que continuaría por la vía de un Tribunal de imprenta, un procedimiento especial, bajo la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, que establece el camino para las acciones legales contra periodistas derivadas de su ejercicio.
Pérez Molina había logrado que un juez prohibiera la salida del país a Zamora, mientras que Baldetti logró que otra jueza emitiera una orden de alejamiento contra Zamora por considerarse perturbada por las críticas que este hacía en su contra, ambas acciones por un período de seis meses.
Pérez Molina acusa a Zamora de coacción, extorsión, chantaje, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los organismos de Estado. El delito de desacato fue anulado del ordenamiento jurídico de Guatemala por la Corte de Constitucionalidad en 2006.
Según el presidente, con las publicaciones que Zamora hace en su medio se violentan sus derechos. Los señalamientos que hace el periodista sobre el presidente incluyen corrupción y nexos con mafias y narcotraficantes.
El miércoles Zamora pidió a las autoridades que les retiraren la inmunidad a los dos funcionarios por simulación de delitos en su contra.
Varias organizaciones de prensa nacionales e internacionales rechazaron las acciones de los funcionarios, considerando que coartaban la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico en el país.