De las 176 recomendaciones, México aceptó 166, presentó aclaraciones sobre dos y tomó nota de las ocho restantes.
A nombre de México asistieron el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan José Gómez Robledo, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García.
Al tomar la palabra ante el pleno, el embajador Gómez Robledo señaló que de manera consistente con el compromiso de mi país con los derechos humanos, se llevó a cabo un análisis objetivo y responsable de cada una de las recomendaciones.
En el marco de un grupo de trabajo que incluyó a 37 dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
La información generada a través de este mecanismo nos permitió definir la postura de México frente a las recomendaciones e identificar acciones concretas que las distintas instituciones deben llevar a cabo para su implementación, señaló.
Nuestro objetivo es mantener este marco de trabajo interinstitucional para avanzar en el cumplimiento de éstas y otras recomendaciones de las que ha sido objeto el Estado mexicano, destacó.
Limón García destacó que el proceso que llevamos a cabo para formular el informe que hoy nos convoca ha sido relevante, no sólo para las instituciones gubernamentales que participamos sino también para las organizaciones de la sociedad civil que fueron convocadas.
La respuesta a las recomendaciones de este examen obedece a un proceso incluyente, de amplia consulta, y transparente. Lo que motivó la publicación del ´addendum´ con anterioridad a esta sesión, subrayó.
Por primera vez el proceso de aceptación de las recomendaciones tuvo un espacio para que el diálogo y el intercambio de ideas rindieran frutos en un documento que refleja la política en materia de derechos humanos y las acciones del Estado para su cumplimiento, sostuvo la funcionaria.
Integrantes de la sociedad civil como Daniel Joloy de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalaron que se ha documentado el incremento en los casos de tortura y se ha evidenciado el abuso en la aplicación de la figura del arraigo, entre otras diferencias.