México, 14 Ene (Notimex).- El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República sostuvo que las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica permiten apoyos focalizados para disminuir los efectos negativos en la población más pobre por la flexibilización del mercado de los combustibles en los próximos meses.
El Senado difundió el documento Aspectos relevantes sobre la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en 2017, elaborado por la Dirección General de Finanzas del instituto, en el que se analiza el comportamiento del precio del combustible en 2016.
A nivel nacional, recordó, los precios máximos promedio, vigentes del 1 de enero al 4 de febrero de 2017 serán: 15.99 pesos para la gasolina Magna, 17.79 para la Premium y 17.05 pesos para el diésel, lo que representa aumentos de 14.4, 20.1 y 16.5 por ciento, respectivamente, sobre el precio máximo al cierre de 2016.
Refirió que los factores a considerar para determinar el precio este año serán precio de referencia internacional; costos de logística, transporte, almacenamiento y distribución; ajustes por calidad del combustible; Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Asimismo, este año el estímulo fiscal correspondiente a la reducción de la cuota del IEPS para gasolina Magna será de 1.12 pesos por litro, para la Premium de 0.05 pesos por litro y para el diésel de 1.15 pesos por litro. Por lo anterior, la cuota de IEPS efectivamente cobrada se reducirá de 4.30 a 3.18, 3.64 a 3.59 y de 4.73 a 3.58 pesos por litro.
De acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2016, los estímulos fiscales por combustible representarían una pérdida recaudatoria de 67.8 miles de millones de pesos, citó.
Entre los meses de agosto y octubre de 2016, los precios de los tres combustibles alcanzaron el nivel máximo de la banda de fluctuación, mientras que los precios de referencia continuaron aumentando, por lo que la cuota complementaria se volvió negativa y redujo el IEPS que efectivamente se cobró por litro de combustible, a fin de respetar el techo de las bandas de precios, explicó.
El estudio refirió que el Artículo 29 transitorio de la Ley de Hidrocarburos estipula que antes de que se liberalizara el precio del gas licuado, se debía instrumentar un programa de apoyos focalizados a los consumidores.
Finalizó que los principales puntos del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar prevén medidas para evitar alzas desproporcionadas en los precios.