“En estas circunstancias bien vale la pena revivir ese debate. Si vale o no considerar la pena de muerte… especialmente (para quienes son victimarios) de menores de edad”, sostuvo el general Rodolfo Palomino, jefe de la policía, en declaraciones a la prensa desde la ciudad de Florencia, departamento de Caquetá y a unos 365 kilómetros al suroeste de Bogotá.
En esta ciudad, los hermanos Vanegas Grimaldo, de 4, 10, 14 y 17 años, fueron asesinados a tiros en su hogar el pasado 5 de febrero presuntamente por Cristopher Chávez, de 42 años, y Edison Vargas, de 25.
Chávez, a quien se le señala de ser el autor material del crimen, y Vargas fueron capturados en la víspera, tras un ultimátum del presidente Juan Manuel Santos a la policía.
En la jornada se esperaba la legalización de las capturas por parte de un tribunal contra los dos hombres que podrían enfrentar penas carcelarias de hasta 60 años.
Las autoridades colombianas continuaban con las pesquisas contra al menos otras tres personas, entre ellas el autor intelectual de la masacre.
La pena de muerte está proscrita en Colombia, sin embargo en 2008 el debate se prendió luego de que un bebé muriera al ser asfixiado por su padre en una población vecina a Bogotá. Luego, un partido político de centro promovió una iniciativa popular para dictarle cadena perpetua a los abusadores sexuales de menores de edad, pero no prosperó.