Las FARC pidieron además este miércoles participar en una comisión que investigue durante 180 días el influjo del narcotráfico sobre el Estado y la sociedad colombiana. Esta comisión también se encargaría de la definición de lineamientos de política para la superación estructural del fenómeno narcoparamilitar en sus diferentes formas y modalidades.
La propuesta fue externada por el miembro de la delegación del grupo armado ilegal Jesús Santrich, poco antes de iniciar la tercera jornada del 21 ciclo de conversaciones de paz con el gobierno de su país. Los rebeldes presentaron seis propuestas mínimas sobre “Política antidrogas centrada en el desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado”, dijo un comunicado.
Las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos discuten en La Habana el cuarto punto de la agenda para la paz que versa sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. El esquema presentado este día se considera una ampliación de la propuesta formulada la víspera cuando abogaron por una nueva política hacia los consumidores de “drogas psicoactivas” que incluye su despenalización.
En la comisión especializada, según la insurgencia, deben participar el gobierno, las FARC, la academia, partidos políticos y movimientos políticos y sociales, así como las Fuerzas Militares y Policiales. Antes de seis meses, esa comisión debería entregar un “Informe sobre el influjo del narcoparamilitarismo en el Estado y la sociedad colombiana”, según la concepción de la guerrilla.
Asimismo, los rebeldes exigieron depurar los órganos de control del Estado, en especial la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, Notariado y Registro, la Registraduría Nacional, las fuerzas militares y la policía. El martes el ex vicepresidente de Colombia, Humberto de La Calle, rechazó ataques de las FARC contra el ejército y personalidades de ese país.
El jefe negociador del gobierno en las conversaciones de paz con las FARC, criticó que ese grupo armado ilegal se presente como si fueran los jueces de las instituciones de Colombia y en particular de nuestras Fuerzas Militares. De momento no se pudo obtener una reacción de la delegación gubernamental colombiana, que por lo general se abstiene de formular comentarios al estilo de los que realizan los insurgentes.