El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dijo hoy que se acabaron los pretextos y la autoridad debe garantizar la dignidad, la igualdad y la no discriminación.

En el foro, con motivo del Día Nacional contra la Discriminación, organizado por la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Legislativo estatal, consideró que este es un compromiso ineludible.

Apuntó que el problema no es de leyes para hacer una defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, ya que los tratados internacionales establecen el compromiso del Estado mexicano para proteger los derechos humanos de las personas.

Comentó que el Estado mexicano debe propiciar y generar mecanismos legislativos, administrativos, culturales, educacionales y sociales para que dicha igualdad sea una realidad.

El ómbudsman dijo que la conmemoración es motivo de reflexión sobre lo que sí y no se ha hecho en materia de discriminación.

Lamentó que en el diario actuar, en actos de gobierno, en cada omisión, por ignorancia, desconocimiento o falta de voluntad, al no acatar los preceptos constitucionales y los tratados internacionales en la materia se violen los derechos humanos, soslayando la obligación de protegerlos y respetarlos.

Citó, como ejemplo, que en Jalisco, como en todo el país, la autoridad y los servidores públicos desconocen la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aun cuando está vigente desde 2014.

Expuso que recientemente, el Ministerio Público se negó a atender a una madre de familia que trató de presentar una denuncia en favor de su hijo con discapacidad auditiva.

Añadió que el representante social le condicionó iniciar la denuncia hasta que le llevara un traductor de lenguaje de señas mexicanas, lo cual es “una aberración, una ignorancia terrible” de parte del servidor público, dijo.

Mencionó que una vez presentada la queja en la CEDHJ contra el servidor público, que omitió recibir a la denunciante, se dictarán medidas cautelares, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, a fin de evitar más posibles violaciones de derechos humanos.

Refirió que la ley y los protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contienen medidas afirmativas, de nivelación y ajustes razonables para garantizar los derechos de las personas con discapacidad o que pertenecen a algún grupo en situación de vulnerabilidad.

“Se les debe resolver con especial énfasis, dado que se encuentran en estado de desventaja, como las mujeres, la niñez, los migrantes, personas adultas mayores o en situación de calle, sólo para garantizar la igualdad de condiciones y sus derechos humanos”.

“No hay pretextos, no falta presupuesto, ni estructuras o personal. De cara al respeto de los derechos humanos, las instituciones deben resolver. Debemos cumplir con la ley”, insistió Álvarez Cibrián.