Lewis Kaplan falló que los ecuatorianos no podrán buscar a través de cortes estadounidenses el cobro de una sentencia de 9.500 millones de dólares en contra de Chevron, dictada en Ecuador, por causar daños ambientales en la amazonia ecuatoriana y afectar a unos 30.000 pobladores.
Uno de los abogados de los ecuatorianos demandantes, Juan Pablo Sáenz, dijo a The Associated Press que para la apelación “tenemos 30 días contados desde el dictamen de Kaplan, pero esperamos que se presente la apelación hasta la próxima semana”. Agregó que “además de la apelación vamos a presentar un pedido de que se suspenda la sentencia de Kaplan”.
Adujo que Kaplan “ha cometido algunos errores como permitir que se aplique la ley RICO en este caso, asumir que tiene jurisdicción ante los demandantes ecuatorianos, prohibir que en su corte se hable de lo esencial: de la contaminación y el sufrimiento de las personas en Ecuador… vamos a exigir que el segundo circuito revise estos errores”, señaló.
La ley RICO vigente desde 1970 en Estados Unidos busca evitar la extorsión y faculta la persecución y sanciones por determinados actos criminales. Chevron acusa a los demandantes de haber cometido actos de corrupción y coerción para lograr que la justicia ecuatoriana emitiera una multimillonaria sentencia en su contra.
Consultado sobre si el presunto racismo de Kaplan será parte de la apelación, el abogado respondió que “definitivamente la forma injusta con la que el juez Kaplan manejó el proceso, la forma en que dio tratos diferenciados tanto a los equipos de abogados de Chevron y a los de los ecuatorianos… es algo que nos preocupa muchísimo, eso se va a reflejar en la apelación”. Acerca de las iniciativas legales para buscar el cobro de esa gigantesca suma en otros países, Sáenz dijo que “tenemos procesos de cobro en Canadá, Argentina, Brasil”.
En Argentina los ecuatorianos tuvieron un revés: aunque inicialmente lograron el embargo de bienes de Chevron, la Corte Suprema de ese país ordenó que se levante tal medida; mientras que en Canadá un juez reconoció el derecho de los demandantes a que su pedido sea escuchado por la justicia de ese país y en Brasil aún no se define a quién se notificará la sentencia de Ecuador. Añadió que los demandantes ecuatorianos han considerado presentar recursos para recuperar esos fondos en unos 30 países, entre ellos Panamá, Venezuela, Sudáfrica y Colombia.
El caso fue resultado de una añeja batalla judicial entre los residentes de la selva tropical del norte de la amazonia y esa compañía petrolera.
En febrero de 2011, un juez de Ecuador sentenció en un juicio iniciado en nombre de 30.000 habitantes de la selva amazónica que Chevron Corp. debía pagar 18.000 millones de dólares, pero el año pasado el máximo tribunal de Ecuador redujo la sentencia a unos 9.500 millones de dólares.
La sentencia fue por los daños ambientales causados por Texaco durante la operación de un consorcio petrolero en la selva entre 1972 y 1990. Chevron compró Texaco posteriormente.
Chevron ha argumentado desde hace mucho tiempo que un acuerdo de 1998 que Texaco firmó con Ecuador después de una limpieza de 40 millones de dólares la absolvía de responsabilidad. Afirmó que la petrolera estatal de Ecuador fue responsable de gran parte de la contaminación en la zona petrolera que Texaco dejó hace más de dos décadas. Los demandantes ecuatorianos dijeron que la limpieza fue una farsa y que no la eximía de las reclamaciones de terceros.
El fallo de Kaplan fue en respuesta a una demanda presentada por Chevron contra Donziger y dos de sus clientes ecuatorianos para evitar que cualquiera de ellos se beneficiase de lo que la compañía petrolera calificó de fraude.
Con su fallo el martes, Kaplan prohibió que Donziger y otros acusados de traten de cobrar la sentencia en los tribunales de Estados Unidos y dijo que no pueden tomar ninguna otra acción que les beneficie de la sentencia.