Organismos de derechos civiles, legales y medios de información de Estados Unidos demandaron a la agencia por programa para vigilar comunicaciones internacionales de estadunidenses por internet.
Interpuesta en una corte del estado de Maryland, donde están las oficinas de la NSA, la demanda cuestiona la legalidad de la intercepción y la búsqueda de términos clave en correos electrónicos, navegación por internet y en buscadores de contenido en línea.
En el centro de la demanda se encuentra la vigilancia conocida como río arriba, que implica que la NSA interviene las conexiones troncales de internet dentro de Estados Unidos, que es la infraestructura física que lleva las comunicaciones de personas en este país al resto del mundo.
La vigilancia se lleva a cabo bajo la enmienda de vigilancia a extranjeros, conocida como FISA, que permite a la NSA hacer blanco de comunicaciones de personas en el exterior del país.
Como parte de esta operación, la NSA copia y revisa una enorme cantidad de tráfico de internet, que intercepta dentro de Estados Unidos con la ayuda de empresas de telecomunicaciones, a fin de buscar palabras clave conocidas como selectores.
Esta estrategia involucra la revisión injustificada de correos electrónicos y de la actividad en internet de millones de estadunidenses comunes, de acuerdo con la demanda interpuesta por nueve organismos, encabezados por la Unión Estadunidenses para la Libertades Civiles (ACLU).
Esta clase de vigilancia de red barrenadora constituye una masiva invasión de la privacidad, y socava las libertades de expresión y de inquirir. Los estadunidenses comunes no deberían de preocuparse si el gobierno los está vigilando cuando usan internet, dijo Patrick Toomey, abogado de la ACLU.
La demanda argumenta que este programa de vigilancia viola el derecho a la privacidad y a la libre expresión, lo que limita el trabajo sensible de muchas de las organizaciones demandantes.
Otros de los demandantes son Human Rights Watch, la Fundación Wikimedia (creadora de Wikipedia), la revista The Nation, Amnistía Internacional, el Centro PEN de América, y la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), entre otros.
Dinah Pokempner, consejera general de HRW, consideró por su parte que el programa de la NSA pone en riesgo su trabajo con personas que exponen abusos de derechos humanos en el mundo, que con justa razón podrían temer que el gobierno de Estados Unidos vigile sus comunicaciones.
Vidas están en peligro, sin mencionar la libertad de información, asociación y expresión, opinó Pokempner.