Con 12 votos a favor y cero en contra, los magistrados aceptaron la impugnación que contra esa declaración presentó el gobierno de España en mayo del año pasado, al considerar que es incompatible con la Constitución española.
El Parlamento de Cataluña emitió en enero de 2013 esa declaración como paso inicial de cara a pedir una consulta para decidir su autodeterminación en una consulta, que meses después el gobierno catalán ha planteado para el próximo 9 de noviembre.
El Tribunal Constitucional admitió el resto de la declaración, como hacer efectivo el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, siempre que se enmarque dentro de la Constitución, por tanto no vinculado a la aspiración de autodeterminación.
En enero de 2013 la declaración fue aprobada con 85 votos a favor (de CiU, ERC, Izquierda Unida-Cataluña Verdes (ICV), y Candidatura de Unidad Popular (CUP), y 41 en contra del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Partido Popular (PP), y Ciudadanos, y dos abstenciones.
El 8 de mayo, el Tribunal Constitucional admitió la impugnación del gobierno español que la presentó al considerar que la declaración es incompatible con la Constitución, declaró en su momento la vicepresidenta primera del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.