Gustavo Petro mantiene una lucha jurídica para evitar que se cumpla un fallo ratificado en enero por la Procuraduría General que le prohibió hacer política por 15 años y lo destituyó del cargo por decretar en diciembre de 2012 un cambio en el sistema de recolección de basura de la ciudad. “Al quitarnos el derecho a la tutela, nuestro derecho a elegir y ser elegido, base de la democracia, queda vulnerado sin protección eficaz”, sostuvo al alcalde en su cuenta de Twitter.
Petro, un ex senador de 53 años que fue militante de la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), envió un mensaje en la red social en el que hizo referencia a la suerte que corrieron otros miembros de ese movimiento como Carlos Pizarro, asesinado en 1990, y Antonio Navarro, sobreviviente a un atentado en 1985. “De los que hicimos la paz en 1989, a Carlos Pizarro lo asesinaron, a Navarro le destruyeron el cuerpo y a mí me inhabilitan y destituyen”, escribió.
Petro sufrió un duro revés en su batalla legal cuando la víspera el Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes colombianas, dictaminó que la Procuraduría General es competente para sancionar en forma disciplinaria a funcionarios elegidos por voto popular.
Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que Petro puede seguir al frente de la alcaldía hasta tanto se redacte y vote otro fallo y éste sea ratificado por la mayoría de los 25 magistrados de esa corte.
Analistas y congresistas consultados por The Associated Press destacaron la incertidumbre por el destino del alcalde mientras se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares que suspendan su c, como solicitó Petro a esa instancia a comienzos de año al asegurar que sólo por un fallo penal es que a un funcionario se le pueden retirar sus derechos políticos.
“En este momento es incierto si el alcalde Gustavo Petro está más afuera que adentro” de la alcaldía, dijo Carlos Lozano, director del semanario Voz del Partido Comunista Colombiano y candidato al Senado en los comicios legislativos del 9 de marzo.
Añadió que “todavía quedan instancias, hay otras tutelas (demandas) que deben fallarse y está desde luego el pronunciamiento que debe hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si decreta las medidas cautelares en favor de Petro para que se le sea reconocido su derecho a ejercer la alcaldía porque esa fue la decisión soberana de la mayoría del pueblo bogotano”.
Para el senador y presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, el problema es que la ciudad parece a la deriva. “Esta situación está afectando mucho a la ciudad de Bogotá y hay una interinidad y una incertidumbre que a nadie le sirve”, añadió.