Al fallar un viejo pleito presentado por Nicaragua sobre la soberanía de islotes en el mar Caribe, la Corte Internacional, con sede en La Haya, decidió en noviembre pasado que los cayos eran colombianos, pero concedió al país centroamericano porciones de mar hasta entonces bajo jurisdicción colombiana.
“Hay mucha gente que está preguntando si nosotros simplemente nos cruzamos de brazos y usted sabe que no es cierto”, dijo el presidente Santos al intervenir en un acto en la casa de gobierno junto a la canciller María Angela Holguín.
En el gobierno “no nos hemos quedado quietos. Aquí hemos trabajado en este tema en forma permanente, con muchísima gente…pero lo que sí puedo garantizar es que el gobierno le ha dedicado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo a este tema que, como decimos, nos llegó en forma inesperada” porque era un pleito que databa desde inicios de la década pasada, añadió Santos.
Esta semana, Bogotá denunció que ofertas nicaragüenses de bloques de exploración de crudo en zonas del mar Caribe están ubicados en áreas colombianas y que “no le pertenecen” a la nación centroamericana.
En su dictamen, que es definitivo y legalmente vinculante, la Corte Internacional dictaminó que el archipiélago de San Andrés y Providencia, con sus tres islas y sus siete cayos, era de Colombia, pero otorgó aguas a Nicaragua en una porción que aún Bogotá cuantifica como propia.
De acuerdo con el gobierno colombiano, la decisión hizo que al menos dos de los islotes, Quitasueño y Serrana, quedaron rodeados por aguas ahora de Nicaragua, lo cual no sólo despojó al país de esta superficie sino que también afecta a los pescadores del archipiélago, que tenían en aquella región su mayor banco de pesca.
Se espera que en dos semanas, Colombia anuncie su postura sobre el fallo de la Corte Internacional, según ha dicho la canciller Holguín. Hasta ahora Bogotá no ha dicho públicamente si acata o no la determinación de la CIJ.
El gobierno colombiano contrató una firma de abogados inglesa para tratar de revertir la decisión de la Corte. Diversos sectores políticos en Colombia, encabezados por el ex presidente Alvaro Uribe, han sugerido al gobierno de presidente Santos que desacate el fallo de La Haya.