A un día de que finalice el plazo, no han sido recibidos señalamientos contra ninguno de los seis candidatos al cargo de fiscal general y jefe del MP, dijo a periodistas el presidente de la Comisión, José Arturo Sierra.
El también titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indicó que si se llega a presentar alguna impugnación, la Comisión de Postulación deberá resolverla en un plazo de 72 horas a partir de mañana martes, cuando cierra esta parte del proceso de elección.
Una vez ratificados los seis candidatos finalistas, el presidente Otto Pérez Molina deberá nombrar en los próximos días al nuevo fiscal general y jefe del MP, quien asumirá el 17 de mayo para el período 2014-2018.
Pérez Molina, quien debido al estudio de los seis expedientes y nombramiento suspendió una visita de dos días a Londres -que iniciaría mañana martes- entrevistó el pasado viernes a los candidatos al MP, institución responsable de la persecución del crimen en Guatemala.
En reuniones por separado conoció los planes de trabajo y estrategias contra el crimen de los seis candidatos finalistas, Thelma Aldana, Julio Rivera, Rony López, Eunice Mendizábal, Edgar Lemus y María Porras.
Los aspirantes son profesionales vinculados a entidades de justicia y persecución del crimen en Guatemala, como Aldana, magistrada de la CSJ; Méndizabal, viceministra de Gobernación antinarcóticos; y López, fiscal titular del MP contra el crimen organizado.
La fiscal general saliente, Claudia Paz y Paz, quien optó a la reelección y pese a recibir una calificación alta, no fue incluida entre los seis finalistas, atribuyó el revés a sectores poderosos del país que desde un principio adversaron su gestión.
Paz y Paz, además de duplicar el número de sentencias en relación con la administración del MP anterior, investigó y llevó a juicio al ex gobernante de facto (1982-1983), Efraín Ríos Montt, octogenario general retirado.
En el primer juicio por genocidio en Guatemala, el 10 de mayo de 2013 Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión, encontrado culpable de la muerte de mil 171 indígenas de la etnia Ixi (occidental departamento de Quiché).
Sin embargo, la histórica sentencia conseguida por la administración del MP de Paz y Paz fue anulada por la Corte de Constitucionalidad, que admitió impugnaciones por faltas al debido proceso, y ordenó anular lo actuado y repetir el juicio.