El acuerdo significa que el Estado se ha comprometido a pagar dicha suma para cubrir los honorarios y gastos legales de los demandantes en los dos retos exitosos a la ley contra inmigrantes, de Alabama, conocida como HB 56. Este acuerdo se deriva de una demanda en 2011 que desafiaba una disposición de la ley HB 56 que prohibía “transacciones comerciales” entre el Estado y cualquiera que no pueda demostrar su ciudadanía o estatus legal.
Antes de que la demanda bloqueara la provisión, las personas que intentaban renovar sus permisos de registro de casas móviles, pero no podían probar su estatus legal, podrían haber sido acusados de un delito grave por tratar de participar en una “transacción comercial” con el Estado siendo indocumentado.
Esta demanda puso fin rápidamente a una actitud cruel, discriminatoria e ilegal para empujar a las familias inmigrantes a abandonar sus hogares, señaló en un comunicado Justin B. Cox, de la Unión Americana de Libertades Civiles. El fallo pone de relieve que esta legislación básicamente defectuosa no sólo es inconstitucional, sino también muy cara, agregó.
Alabama pagó el año pasado 350 mil dólares en honorarios de abogados como pate de un acuerdo de un caso legal separado presentado por una coalición de derechos civiles que bloquea muchas provisiones de la HB 56.