En entrevista que publicó este lunes el diario Página 12, La Rue consideró que la ley fue “un tremendo avance” en la región porque estableció que todos los sectores de una sociedad deben tener acceso a la propiedad de medios de comunicación social. “Unos serán medios escritos, y eso no está en la ley, pero los medios audiovisuales sí están porque el manejo de las frecuencias electromagnéticas es propio del Estado: son recursos públicos”, dijo.
El funcionario de Naciones Unidas explicó que la falla de los medios de comunicación social en el mundo, incluyendo América Latina, fue que “progresivamente permitimos que fuera prevaleciendo la visión comercial”.
Durante décadas, agregó, predominó “aquel viejo truco de qué funciona mejor, si el Estado o el mercado, incluyendo las supuestas afirmaciones absolutas sobre que el Estado es inútil y no funciona y el mercado sí funciona; aquel truco, digo, es ficticio”.
El mercado, precisó, sólo funciona con la lógica de la rentabilidad y la ganancia, que no es necesariamente la lógica del interés del común de la población, y por esa razón los medios comerciales siempre jugaron un papel importante.
“Pero, insisto, que no son sólo esos medios los que deben existir. Esos medios comerciales que fueron iniciados por personas con una verdadera vocación de informadores, de periodistas, se convirtieron en medios comprados por corporaciones financieras”, lamentó.
A partir de entonces, expresó, “se fue perdiendo la vocación de ser periodista y se exacerbó la visión comercial. La noticia quedó deteriorada y se fortalecieron los Rupert Murdoch, los (Silvio) Berlusconi, que buscan vender pero no buscan informar”.
La posición de La Rue es importante para el Gobierno de Argentina porque la Corte Suprema está a punto de validar o anular varios artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mejor conocida como Ley de Medios, que el Congreso aprobó en 2009. Esos artículos han sido impugnados por el principal multimedios del país, el Grupo Clarín, que se ha negado a acatar la ley gracias a una serie de amparos judiciales.