LA HABANA (AP) — Dos semanas después de que el presidente de Colombia y el líder de la guerrilla de las FARC se dieran la mano y exhibieran un histórico acuerdo sobre justicia el jueves afloraron fuertes diferencias entre las partes.
Según el jefe negociador de Colombia, el gobierno siempre sostuvo que se trataba de un documento “en desarrollo” que necesitaba detallarse y negó haber traicionado la palabra empeñada. “Son las FARC las que faltan a la verdad. Hubo un Acuerdo plasmado en diez puntos, pero respecto del documento largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable” dijo Humberto De la Calle desde La Habana ante periodistas en el cierre de un nuevo ciclo del diálogo de paz que adelantan con la guerrilla desde noviembre del 2012.
Poco antes, el negociador rebelde Iván Márquez advirtió que “la paz no se construye con palabras que se lleva el viento ni con promesas que nunca se cumplen”. Y explicó que a la delegación de la guerrilla le preocupa que no pueda firmarse la paz en marzo de 2016, tal y como se pactó debido a la “desconfianza” y “avilantez” de los representantes del presidente Juan Manuel Santos. El representante del gobierno colombiano respondió al comunicado calificándolo de “arremetida verbal injustificable” que utiliza expresiones “ofensivas”.
Ambas delegaciones firmaron el 23 de septiembre un acuerdo sobre una jurisdicción especial a aplicar luego que se firme la paz. El compromiso fue suscrito en presencia del presidente colombiano Juan Manuel Santos, su homólogo y anfitrión Raúl Castro, y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”.
El acuerdo de septiembre, del que sólo se conoce un breve documento de 10 puntos que engloba otro más extenso de 75 puntos que solo saben las partes, estipula la creación de una jurisdicción especial de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos más graves y representativos cometidos durante el conflicto interno tanto por los rebeldes, como a agentes del Estado y terceros. Entre otras cosas el acuerdo permite a los líderes de la FARC y a los responsables militares que confiesen sus crímenes pasar entre cinco y 8 años agrupados en un área geográfica no especificada realizando trabajos para la comunidad. Sin embargo según De La Calle “hay interpretaciones del Abogado de las FARC sobre las características de la restricción de la libertad que son inaceptables y que están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional”, apuntó. “No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía”.
Para el gobierno de Colombia el acuerdo firmado 10 puntos que son los principios básicos para llegar al acuerdo definitivo. “Jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable” expresó De La Calle, contrariamente a lo que aseveran los guerrilleros que lo consideran definitivo y cerrado. “Lo que pudiera faltar corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido…como se ha afirmado. Está cerrado”, enfatizó Márquez.
Entre los puntos que quedan pendientes figura el mecanismo para la dejación de armas, aunque las FARC se comprometieron en hacerlo 60 días después del acuerdo final pero sin especificar cómo se haría.
Indicó que los delegados del gobierno propusieron recurrir al grupo de juristas del diálogo para buscar una solución al diferendo, pero que las FARC se han negado.
En cambio, la guerrilla de las FARC exigió que se respete el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial. “Apelamos a la palabra empeñada”, afirmó.
Luciano Marín, verdadero nombre de Márquez, señaló que los guerrilleros “hoy hemos resuelto que la lucha armada entre todos y contra todos debe parar”.
Hasta la fecha ambas partes firmaron acuerdos en varios puntos de la agenda de seis puntos establecidas para comenzar las conversaciones, uno sobre el tema agrario, otro sobre el tráfico de drogas y participación política además del de jurisdicción especial para la paz.
Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para tratar de poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno comenzaron a fines de 2012.