Caracas, 13 Oct (Notimex).- El avance del proceso judicial contra los directivos de varios medios tras ser demandados por un alto dirigente del chavismo demuestra el avance de la presión contra los medios de comunicación, aseguró hoy la politóloga Luisa Torrealba.
“Esto forma parte de un conjunto sistemático de acciones que pretenden intimidar y silenciar a medios de comunicación que se han mantenido independientes o críticos a la actual gestión gubernamental”, explicó Torrealba en diálogo con Notimex.
Torrealba indicó que la demanda presentada por el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), Diosdado Cabello, contra tres medios de comunicación formaría parte de esta estrategia más amplia para presionar e intimidar a la prensa.
“Las presiones no sólo vienen por el lado de las agresiones físicas contra los periodistas y trabajadores de medios, sino también por medio de presiones judiciales que pretenden el encarcelamiento de periodistas, directores y editores de medios”, denunció.
Cabello demandó a los periódicos El Nacional y Tal Cual, así como al portal de internet La Patilla, por publicar que el dirigente oficialista estaba siendo investigado por las autoridades estadunidenses por vínculos con el narcotráfico.
Según Cabello, la demanda se justificaba porque consideraba que había sido “difamado” por estos medios, con una línea editorial crítica con el gobierno, cuyos directivos fueron citados la semana pasada por los tribunales.
Torrealba afirmó que “la Constitución establece el derecho a la réplica y a la rectificación” por lo que una persona difamada “puede apropiarse de ese derecho y pedir la aclaratoria correspondiente”, pero en este caso Cabello prefirió recurrir al derecho penal.
“La doctrina internacional de derechos humanos dice que no debe ser por la vía penal (…) y en este tipo de casos no debería conocerse en un juicio que derive en el encarcelamiento de personas, sino que debería ser por la vía administrativa”, subrayó.
La integrante del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) agregó que internacionalmente este tipo de casos derivan “en la aplicación de otro tipo de sanciones como multas”, pero en el caso venezolano se busca intimidar a la prensa.
Además de las acciones judiciales, en Venezuela la libertad de expresión se limita por los procedimientos administrativos, la compra de medios por empresarios afines al gobierno o la negativa a conceder divisas para importar papel de prensa, recalcó la investigadora.
Torrealba sostuvo que todo esto se produce a pesar de que en Venezuela la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión y condena explícitamente la censura y la autocensura en los medios de comunicación.
“Hay una gran desviación de los principios constitucionales y cada día hay más mecanismos jurídicos, judiciales, administrativos y económicos que intentan presionar y silenciar a los medios de comunicación”, lamentó finalmente.