México, 1 Ene (Notimex).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que durante 2016 se presentaron 676 denuncias penales ante el Ministerio Público Federal por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Expuso que las denuncian son resultado del Programa de Implementación del Régimen Constitucional de Responsabilidad Ambiental, que permite que, a través de cada inspección, se verifique la presencia de daños ambientales para, en su caso, ordenar las medidas de reparación y compensación correspondientes.
Las denuncias pueden dar lugar a penas de prisión de hasta 12 años para los responsables, indicó y recordó que se aplicó un protocolo para grandes delincuentes ambientales que ocasionan daños al entorno y resisten los mandamientos de la autoridad.
Señaló que en dos casos actuó promoviendo acciones judiciales de responsabilidad ambiental, con las que se demandó la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos y la orden de reparación del año por el Poder Judicial.
Apuntó que para atender a las víctimas en materia ambiental suscribió un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y emitió nuevos criterios internos para atenderlas en el procedimiento administrativo, reconociendo su interés legal en las actuaciones de la Profepa.
Mediante un comunicado, destacó que para fortalecer la capacidad probatoria institucional contrató y capacitó a un grupo de peritos de tiempo completo en las materias de criminalística, daño forestal, impacto ambiental y biología.
El objetivo es desarrollar y profesionalizar las pruebas científicas que utiliza la institución en los procedimientos administrativos, penales y judiciales, subrayó.
Anotó que con esos peritos inicia una nueva etapa de investigación científica del daño y el deterioro del medio ambiente, con el objeto de determinar la responsabilidad e imponer las obligaciones de reparación que mandata la Constitución.
La Profepa participó también con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la PGR en la primer audiencia pública oral del nuevo sistema penal iniciada por un delito contra el ambiente.
Además trabajó en cinco cursos de capacitación avanzada para investigación de los delitos contra el ambiente, persecución de la delincuencia corporativa en materia de daños al entorno, así como de litigación en el nuevo sistema penal acusatorio.
Esto último con la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad Panamericana.
Con ello la Profepa participa de manera activa como litigante en las audiencias públicas orales del nuevo sistema penal.
Entre otras acciones se concluyeron trabajos de análisis de las normas del procedimiento administrativo sancionatorio con el que opera la institución, que fueron diseñadas en 1988 y no han sido actualizadas desde 1996.
También completó el diseño de una serie de reformas normativas tanto orgánicas como procesales que permitirán en 2017 reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También precisar el procedimiento administrativo para cumplir con lo que ordena la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y con ello actuar con mayor eficacia, contundencia y transparencia.
Las reformas incluyen asimismo el estudio de la participación de grupos delincuenciales organizados y la inclusión de ciertos delitos contra el ambiente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, añadió la Profepa.
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