BOGOTA, Colombia (AP) — Amnistía Internacional dijo el miércoles que cualquier esfuerzo de paz en Colombia será estéril si no se les permite a indígenas y afrodescendientes regresar a sus tierras.
“Cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio”, afirmó Erika Guevara, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
El acceso a la tierra ha sido uno de los puntos clave en el proceso de paz que desde fines de 2012 llevan adelante en Cuba el gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con un informe de Amnistía difundido el miércoles unas ocho millones de hectáreas -en este país de unas 114 millones de hectáreas- han sido abandonadas por sus legítimos propietarios o adquiridas ilegalmente por terceros. Para la organización internacional la mayoría de los afectados con ese despojo han sido indígenas, afrodescendientes y campesinos.
“Muchas de estas comunidades se han visto obligadas a abandonar sus tierras en repetidas ocasiones después de años de amenazas y homicidios de las fuerzas de seguridad, los paramilitares, que a menudo actúan en connivencia con los militares, y las fuerzas guerrilleras” como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, enfatizó el informe.
Observó que el número de personas a las que se les han devuelto sus tierras ha sido relativamente bajo y que las autoridades no han garantizado un apoyo efectivo a quienes han podido regresar a ellas.
“Para las personas indígenas, afrodescendientes y campesinas el acceso a la tierra no es un capricho sino una parte intrínseca de su identidad y su existencia como comunidades”, comentó Guevara, quien añadió que “al no apoyar de manera efectiva el retorno sostenible de estas comunidades, las autoridades colombianas sencillamente están condenando a miles de personas a la pobreza y a la persistencia de violaciones y abusos de derechos humanos”.
Pero Ricardo Sabogal, director de la estatal Unidad Nacional de Restitución de Tierras, sostuvo que las cifras de Amnistía no concuerdan con las maneja su despacho. Por ejemplo, explicó en diálogo telefónico con The Associated Press, a comunidades negras y afrodescendientes les han sido devueltas 120.000 hectáreas y los jueces estudian el retorno de otras 250.000.
Según Sabogal, Amnistía parte del supuesto “de que en el país se robaron ocho millones de hectáreas y la verdad no es así. Esa cifra no es real”.
La propiedad y el uso de la tierra en Colombia han sido descritos tradicionalmente como una de las causas del conflicto armado interno que lleva más de 50 años.
Se calcula que en los últimos 30 años unos seis millones de colombianos fueron desplazados de sus tierras.