Dilma Rousseff protagoniza escándalo de Petrobras

Dilma Rousseff, reelecta presidenta de Brasil para un segundo mandato el 26 de octubre de 2014, dijo al tomar posesión de su cargo que mantenía su confianza en la titular de Petrobras, Gracia Foster, a pesar del gigantesco escándalo de corrupción que ya envolvía a la petrolera estatal.

Sin embargo, la mandataria aceptó la dimisión de Foster el pasado 3 de febrero y, un día después, destituyó a cinco de sus directores generales para sanear a esa empresa de capital estatal creada en 1953 por el presidente Getúlio Vargas.

La renuncia de Gracia Foster se dio en el marco de un conflicto que, en números redondos, se calcula superó los cuatro mil millones de dólares en la última década, pudiendo superar los 32 mil millones, no obstante que las acciones de Petrobras cerraron el día de su renuncia con un alza de 15.13 por ciento.

El problema provocó, entre otros daños, una caída del 9.07 por ciento en sus ganancias del tercer trimestre de 2014, según un balance sin auditar divulgado el pasado 28 de enero, postergado en dos ocasiones por los efectos de la trama corrupta.

La Policía Federal desactivó la red de sobornos y lavado de dinero que afectó entre 2004 y 2012 contratos de la empresa, de la cual Foster fue su presidente número 34, en una historia que comenzó hace 62 años, y la primera mujer en estar al frente de ella.

Desde su primer presidente, Juracy Magalhaes, hasta la señora Foster, pasando por el general Ernesto Geisel, presidente de Brasil entre 1974 y 1979, ningún otro de sus máximos directivos había estado en problemas tan serios por las implicaciones en que se ha visto inmerso el consorcio petrolero nacional.

“Permaneceré en mi cargo al frente de Petrobras mientras cuente con la confianza de la Presidenta de la República y, si ella así lo considera, deberé continuar en él”, afirmó Foster en una rueda de prensa celebrada el 17 de diciembre pasado en la sede de la compañía en Río de Janeiro.

Según el diario Folha de Sao Paulo, Dilma Rousseff se convenció de que, ante la magnitud del escándalo, “la presencia de Gracia Foster en Petrobras era insostenible”, mientras tres de sus exdirectores –Paulo Roberto Costa, Ricardo Duque y Nestor Cerveró– permanecen en prisión desde hace algunos meses.

En sus últimas declaraciones antes de dimitir, Foster dijo que la prioridad de la compañía era “rescatar la moral de sus 85 mil trabajadores, además de recuperar la confianza de los inversionistas”.

Gracia Foster había admitido que ésta fue afectada por las constantes denuncias de la prensa nacional e internacional desde marzo de 2014, además de que había tenido que resistir las presiones para que ella y la plana mayor de la empresa más grande del país renunciaran por su responsabilidad u omisión en las irregularidades detectadas.

Desde diciembre último, Foster puso su cargo a disposición de Dilma Rousseff , quien a su vez había sido propuesta por Luiz Inácio Lula da Silva como presidenta del Consejo de Administración de la compañía entre 2003 y 2010.

El valor de mercado de la estatal cayó en cerca de un 70 por ciento desde 2010, entre otros factores por el caso que afecta de cerca, entre otros, a numerosos políticos pertenecientes a la coalición que llevó a Rousseff al poder por segunda ocasión.

La investigación que lleva adelante el juez Sergio Moro ha acusado a 39 personas -entre ellas a esos tres exdirectores de Petrobras y a algunos de los empresarios de la construcción más poderosos del país, presos desde fines de noviembre último- por corrupción activa, sin descontar que también sean imputadas por lavado de dinero.

Gracia Foster reveló en diciembre que había consultado con otros altos ejecutivos de la compañía la opción de una renuncia colectiva para allanar la vuelta a la normalidad de la petrolera: “Lo más importante es Petrobras”, aseveró.

Fuentes de la empresa aseguraron que, semanas atrás, se quiso evitar esa renuncia colectiva –que finalmente exigió la presidenta Rousseff el 4 de febrero-, para no trabar la divulgación del balance financiero y operativo del tercer trimestre del año anterior, cuya publicación se dio el pasado 28 de enero, sin incluir la llamados contratos “sucios” firmados por los tres directivos actualmente presos.

Se divulgó hasta fines de enero, después de que el auditor certificado, Price Waterhouse Coopers, se negara a validarlo, sin ser concluido en su totalidad debido al desarrollo de la investigación sobre la corrupción interna.

La ingeniera química, quien gozó hasta el final de toda la confianza de Dilma Rousseff, destacó la necesidad de evaluar si los desvíos fraudulentos habían afectado las cuentas del gigante petrolero; pero la difusión del informe se difirió hasta finales del mes anterior.

Fuentes gubernamentales informaron que el valor de mercado de Petrobras no sólo ha disminuido por los efectos de la llamada operación “Lava Jato” del juez Moro y la desconfianza generada, sino por la devaluación del real frente al dólar y el desplome de los precios internacionales del petróleo.

La entonces presidenta de la compañía estatal –que permaneció al frente de Petrobras hasta el nombramiento de su sucesor- afirmó: ”Este caso servirá como aprendizaje”.

Fuentes judiciales que investigan el conocido “petrolao”, como se ha llamado al escándalo de corrupción, informaron que también se anunció la contratación de un bufete de abogados en Estados Unidos, debido a que, en una corte de Providence, Rhode Island, se integró una lista de once personas, incluida Dilma Rousseff, citadas en un proceso judicial contra la compañía por diversas irregularidades.

Los directivos de Petrobras propusieron efectuar una investigación independiente, sin matices políticos, con el deseo de que la forma de administrarla vuelva a ser respetada.

En las últimas semanas, Gracia Foster indicó que no había tenido conocimiento de las denuncias de corrupción contra Petrobras, como también negó haber sido alertada en 2009, 2011 y 2012 por Venina da Fonseca, exempleada de la empresa.

Esto lo publicó a mediados de diciembre último el diario Valor Económico, que ha seguido el caso de Petrobras, que –dice Carlos Pereira, investigador de la Fundación Getúlio Vargas- cayó víctima de un grupo de delincuentes, poniendo al borde del derrumbe y amenazando al sistema político y económico brasileño.

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