En la disputa, los acreedores liderados por el multimillonario estadounidense Paul Singer están enfrentados con la presidenta argentina Cristina Fernández, quien se niega a pagar 1.500 millones de dólares que la nación adeuda a fondos de cobertura, a los que la mandataria describe como “buitres”.
Los fallos de un juez federal estadounidense a favor de los fondos colocan a Argentina en situación de impago, lo que ahuyenta a posibles inversionistas y obliga al país a buscar financiación en fuentes menos convencionales.
Para Fernández, quien junto a su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, contribuyó a la conducción del país después de la devastadora crisis financiera de 2001, la controversia con los acreedores ha sido una profunda lucha personal en la que ella adoptó una postura inflexible, ejemplificada con su negativa a siquiera emprender conversaciones en el último año.
Sin embargo, muchos consideran que el sucesor de Fernández, que saldrá de las elecciones presidenciales del proximo 25 de octubre, se sentirá obligado a resolver la disputa.
“Hay grandes incentivos para que el proximo presidente resuelva el asunto porque el gobierno necesita financiación extranjera”, dijo Gabriel Torres, director de crédito de la firma Moody’s Investor Services en Nueva York. “Por años ha quedado claro que, en realidad, al gobierno actual esto no le ha importado”.
Una crisis de liquidez sería el principal impulsor para una solución del conflicto, sostienen analistas. Argentina tiene unos 27.000 millones de dólares en reservas de divisas, una cantidad relativamente baja para una economía de una dimensión tan grande y en la que el gobierno ofrece generosos subsidios.
El candidato a la presidencia por el partido en el poder, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que encabeza las preferencias electorales según las encuestas, ha asumido la postura radical de Fernández, aunque también ha prometido encontrar una solución.
Economistas del equipo de Scioli han dicho que Argentina tendrá problemas para conseguir créditos mientras no resuelva la disputa con los acreedores. Su mayor rival, el alcalde saliente de Buenos Aires, Mauricio Macri, también se ha comprometido a negociar una solución.
Aunque la posición de los candidatos al respecto sigue siendo vaga, existen diversas maneras para una posible solución de la disputa. Como parte de un acuerdo, Argentina podría conseguir créditos en condiciones preferenciales para saldar su deuda con los acreedores en un solo pago. El país también podría simplemente emitir otra vez la deuda con nuevos bonos a tasas más altas.
Sin embargo, como muchos argentinos creen que la nación se encuentra acosada injustamente, los candidatos están obligados a hablar en términos enérgicos sobre los acreedores que se han negado a ceder, subrayó Robert Backman, director de la firma sudamericana de investigación Centro de Estudios de Opinión Pública.
La disputa se remonta a finales de 2001, cuando Argentina suspendió pagos de su deuda por 100.000 millones de dólares. En 2005 y otra vez en 2010, la mayoría de los acreedores del país aceptaron canjes de bonos con rendimientos más bajos.
Sin embargo, un grupo encabezado por Elliot Management rechazó las condiciones de Argentina y demandó al país ante una corte federal en Nueva York. Representantes de Elliot declinaron hacer declaraciones sobre la controversia.
Subsecuentemente ha surgido un patrón familiar: el juez federal Thomas P. Griesa falla en contra de Argentina, lo que con frecuencia incrementa lo que está en juego, tal como recientemente abrir la puerta a la confiscación de activos argentinos en Estados Unidos.
Entonces el ministro de Economía de Argentina, Axel Kiciloff, acusa a Griesa de excederse, y el país ignora los fallos.
Excluida en gran medida de los créditos internacionales, Argentina ha recurrido a países como China para conseguir el financiamiento que necesita desesperadamente. En los últimos dos años, Buenos Aires ha suscrito diversos acuerdos con la potencia asiática, incluidos proyectos multimillonarios de infraestructura y un canje de divisas.
Fernández ha exaltado los convenios, pero las condiciones nunca se han hecho públicas, y los analistas tienen pocas dudas de que China aplica tasas mucho más elevadas que la tasa de interés de aproximadamente 3% disponible actualmente en los mercados internacionales de créditos.
“Equivale a que alguien busque un préstamo a corto plazo a una tasa de interés muy elevada”, dijo Brett House, ex economista del FMI que es economista en jefe en la firma de inversiones Alignvest Investment Management, con sede en Toronto. “Argentina está hipotecando su futuro” con acuerdos de ese tipo.
Desde el exterior, la solución parece obvia: negociar un acuerdo y superar el estancamiento. Pero dentro de Argentina, un país rico en recursos naturales con un largo historial de auges económicos y crisis espectaculares, es un campo minado político.
Macri aprendió eso de la manera difícil. En junio de 2014, mucho antes de que fuera candidato presidencial, declaró que era necesario ir, sentarse con el juez Griesa y hacer lo que dijera.
A Macri le llovieron las críticas y ahora pocas veces habla del asunto en la campaña. Cuando lo hace promete que será un negociador severo que simplemente no pagará una cantidad “injustificada”.
Existen consideraciones adicionales, como otros acreedores de bonos con los que Argentina tiene una deuda impaga de 5.400 millones de dólares, un segundo grupo que ha llevado al país a tribunales. En junio, Griesa dijo en un fallo que Argentina también debe finiquitar esa deuda antes de que pague a sus acreedores mayoritarios, decisión que fue desechada en agosto por un tribunal de apelaciones.
Sin embargo, este grupo y otros que son acreedores de Argentina probablemente tendrán que ser incluidos en un acuerdo final.
Torres, de Moody’s Investor Services, dijo que la deuda impaga de Argentina es relativamente pequeña para una economía calculada en unos 600.000 millones de dólares y que el país tiene la capacidad para liquidarla. Mientras no la cubra, Argentina estará incapacitada para conseguir créditos en condiciones favorables y tendrá dificultades para atraer inversiones extranjeras.
“Alcanzar un acuerdo con los bonistas que no se plegaron a un acuerdo tiene ciertos costos, pero no hacerlo tiene enormes costos”, señaló Torres.