Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, rechazaron la versión que dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR) el día de martes en conferencia de prensa, de que sus hijos habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula y aseguraron que no dejarán que se cierre el caso.
Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares señaló en rueda de prensa que existe una “prisa e intencionalidad política” del gobierno federal para cerrar el caso, a pesar de que la indagatoria no es concluyente y que “no hay evidencias científicas de ello”.
El abogado declaró que al menos hay 10 puntos en la investigación que no han sido aclarados, entre ellos que la certeza científica de que los normalistas hayan sido asesinados.
Además, agregó, el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, no es concluyente para asegurar que los 43 jóvenes están muertos, ya que el presunto delincuente admitió no haber visto de principio a fin los hechos de violencia contra los jóvenes.
Otro de los puntos que no se ha logrado esclarecer ha sido el asesinato del joven Julio César Mondragón Fontes y la falta de investigación en las denuncias de algunos detenidos que han acusado a las autoridades de tortura.
Señaló también que no existe aún un proceso penal por el delito de desaparición forzada y que no hay certeza legal sobre el lugar donde fue asesinado Alexander Mora Venancio, el único de los 43 estudiantes que ha sido identificado por ADN.
El litigante además expuso que no se han investigado todos los nexos que desde 2003 involucran al Ejército en complicidad con el cártel de los Guerreros Unidos, además de distintos funcionarios de gobierno estatal y federal que tienen conexiones con este grupo criminal, entre ellos el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Por todo lo señalado anteriormente, Rosales indicó que familiares y padres de familia de los 43 normalistas rechazan el informe presentado el martes por la PGR y llevarán el caso a diversos organismos internacionales. Entre estos se encuentra el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, a celebrarse el próximo 2 y 3 de febrero en Ginebra y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres y madres de los estudiantes, manifestó su repudio a la manera en que el procurador busca cerrar “de manera descarada” las investigaciones sobre lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre, y deploró que las autoridades violen los acuerdos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto, que obligan al gobierno a dar a conocer primero a los padres cualquier avance en las investigaciones.
“La postura de los padres es que no vamos a permitir que concluyan o se cierren las investigaciones. Seguiremos insistiendo y vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que se nos demuestre de manera científica que los mataron, porque vivos se los llevaron y vivos nos los van a entregar”, recalcó.
Los padres de familia manifestaron su confianza de que sus hijos aún se encuentren con vida y reiteraron su desconfianza en las autoridades.