Difundida este martes The Interceptor, página fundada por el periodista Glenn Greenwald, la investigación se basa en documentos obtenidos por el denunciante Edward Snowden.
Documentos de las Oficinas Centrales de Comunicación del Gobierno, la agencia de espionaje más importante del Reino Unido, muestran que en 2012 el gobierno británico era capaz de recolectar en tiempo real las direcciones IP de los visitantes de WikiLeaks.
La dependencia también podía recolectar los términos que los usuarios empleaban para obtener información de WikiLeaks, sitio creado para difundir información confidencial de interés público, desde motores de búsqueda como Google.
El texto agregó que funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos consideraron designar a WikiLeaks como “actor extranjero malicioso”, lo que hubiera permitido una extensa vigilancia incluso a usuarios estadounidenses.
En los documentos, el gobierno de Estados Unidos estableció además su intención de presionar a lo que llama “la red humana que respalda a WikiLeaks”, en referencia a las personas que visitaron el sitio con el fin de obtener información.
El texto de The Interceptor estableció también que el gobierno de Estados Unidos presionó a Alemania, Reino Unido, Australia e Islandia para que presentaron cargos criminales contra Assange, fundador de WikiLeaks.
Añadió que el gobierno de Estados Unidos consideró incluso espiar a los miembros del grupo de ciberpiratas Anonymous, así como a los usuarios del sitio de descargas de información por internet Pirate Bay.
Por su parte, Jameel Jaffer, director legal adjunto de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), opinó que el informe publicado este martes resulta “muy preocupante”.
“Los editores que revelan abusos del gobierno no deben ser sujetos de vigilancia invasiva por haberlo hecho, e individuos no deben ser arrastrados en las redes de vigilancia simplemente porque visitan sitios de internet que reportan tales abusos”, explicó Jaffer.
En un comunicado, el representante de ACLU afirmó que el gobierno de Estados Unidos tampoco debería pedir a países aliados a que inicien procesos legales que sería inconstitucionales en el territorio estadunidense.