De acuerdo con la titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, la Reforma Hacendaria obligaría a la autoridad a comunicar al contribuyente, posteriormente a la inmovilización, los fundamentos y motivos por los cuales su cuenta se congeló.
Expuso en entrevista que en caso de que el contribuyente no se encuentre en su domicilio, la autoridad haría una publicación en su página de Internet, y “la facultad sólo procederá en casos extremos, en casos en que el contribuyente esté ilocalizable, sea un evasor, se esté cambiando continuamente de domicilio y no sea posible localizarle”.
Lo anterior, debido a que se consideró que hay un abuso en la inmovilización de cuentas, lo cual generó problemas a muchos contribuyentes, sobre todo pequeños y medianos empresarios, porque su liquidez se veía mermada. “En el aseguramiento de cuentas bancarias vamos muy bien”, consideró la procuradora, al detallar que la semana pasada ya quedó listo el texto consensuado que se incluiría en la reforma hacendaria, que presentará el gobierno federal en los próximos días.
Dijo que una vez presentada la propuesta de reforma, la Prodecon dará a conocer un cuadro comparativo en donde se demuestre cómo se reglamenta el ejercicio estricto de la facultad y se establecen incluso consecuencias para autoridades y posiblemente a instituciones financieras que no liberen los depósitos cuando ya está la orden de la autoridad administrativa.
Por otro lado, la Prodecon cumplió su segundo año de operación, tiempo en el que se reportaron alrededor de 20 mil atenciones, muchas de las cuales son asesorías, mientras que se registran alrededor de dos mil 500 quejas en todo el país, y en representación legal suman cerca de dos mil medios de defensa.
De las quejas presentadas, “80 por ciento ha tenido solución favorable para los contribuyentes; hemos logrado, incluso, que en algunos casos se cancelen créditos fiscales”, destacó la funcionaria.
Ejemplificó el caso de un contribuyente en Zacatecas que llevaba cerca de 20 años con un crédito fiscal, que había perdido todo su patrimonio y que cuando llegó la Prodecon debía al fisco tres millones de pesos, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió cancelar el crédito.