Urgen primacía de derechos humanos en reforma urbana y territorial

México, 27 May (Notimex).- Para responder a la problemática del desarrollo en México es necesaria una reforma urbana, regional y territorial que dé prioridad a los derechos humanos, y que aliente un ordenamiento metropolitano responsable reconocido en la Constitución, coincidieron académicos e investigadores universitarios.

En el seminario “La Planeación del Desarrollo Urbano y Regional en México, a cuatro décadas de la Ley General de Asentamientos Humanos”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara baja, y 13 instituciones de educación superior, los expertos urgieron un “reordenamiento urbano sustentable”.

En el análisis de las iniciativas de reforma del marco jurídico en materia de planeación urbana, metropolitana, regional y territorial, Roberto Eibenschutz Hartman, investigador de la UAM-Xochimilco, afirmó que una de las grandes limitaciones del actual marco jurídico es la perspectiva sectorial que “encajona la visión general”.

Ello, explicó, al no reconocer que el fenómeno urbano abarca todas las actividades humanas e involucra a todos los sectores, por lo que propuso que el proyecto de la nueva legislación sobre asentamientos humanos plasme ese derecho en la Constitución, no solo en una ley general.

Además, integrar los enfoques democrático, urbano y ambiental en un solo Sistema Nacional de Planeación, e incluir los incentivos fiscales para alentar el desarrollo metropolitano.

Asimismo, pidió que la legislación resuelva la división entre el ordenamiento territorial y la planeación regional, mediante una visión conjunta, que establezca las atribuciones en las secretarías de Estado y se plasmen en la legislación para que se cumplan estrictamente.

Resaltó que es un absurdo considerar que la movilidad debe regir el desarrollo urbano, cuando la prioridad es la accesibilidad a las ciudades y el uso de suelos, cuyo mercado es fundamental para que la población de bajos recursos tenga acceso a la tierra. De no resolverse esta cuestión el tema urbano no tiene solución, aseguró.

Alfonso Iracheta Cenecorta, investigador del Colegio Mexiquense, expresó su preocupación por que se prioricen cuestiones electorales y se releguen reformas jurídicas imprescindibles como la del reordenamiento y desarrollo urbano.

Llamó a los diputados a debatir todas las propuestas vinculadas con la metropolización, el suelo, el derecho de ciudad, el desarrollo regional y territorialidad, a fin de culminar con un proyecto de reforma que contenga el mejor conocimiento posible.

Además, que evidencie la voluntad para establecer un modelo que enfrente el desarrollo urbano en condiciones de equilibrio y respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

Sostuvo que “las ciudades crecen y se han construido millones de viviendas y seguimos sin tener una visión integrada sobre el desarrollo metropolitano”.

Indicó que la propuesta legislativa debe establecer la facultad del Estado mexicano de incidir en la realidad de la urbanización, para evitar que el territorio se ocupe sin control, se acaben los recursos y no diseñe una estrategia territorial del desarrollo.

La gobernanza de las ciudades es fundamental hacia el futuro, pero no podrá lograrse si no se tiene una visión integrada del desarrollo metropolitano, el cual debe alentarse a partir de instrumentos fiscales y financieros.

Hugo Alejandro Concha Cantú, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la nueva legislación en materia de asentamientos humanos debe incluir el “derecho a la ciudad”, es decir, que los servicios e infraestructura sean para todos sin ninguna distinción.

Detalló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano requiere de un conjunto de instrumentos que le den capacidad para asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y prevenir los asentamientos en zonas de riesgo, así como capacidad de acción.

El académico propuso que en el desarrollo urbano debe existir el involucramiento de los ciudadanos en la formulación de los planes y el seguimiento de los mismos, y no buscar que la ley que se construye pretenda incluir todo, pues ello la hará inoperante.

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