Tribunal Electoral federal, dos décadas de consolidación democrática

México, 21 Ago (Notimex).- Desde su creación, hace dos décadas y de cara su renovación en noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha contribuido a la consolidación democrática de México y a la generación de una justicia electoral efectiva.

Con criterios garantistas, la y los magistrados han posicionado a la justicia electoral mexicana a la vanguardia en la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Ello ha permitido a mujeres e indígenas exigir la paridad de género en la postulación de candidaturas e impugnar la violación de sus derechos.

Además, la Sala Superior ha tutelado los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, garantizándoles el acceso efectivo a la justicia electoral.

En este último rubro, el pleno aprobó la jurisprudencia 15/2008 mediante la cual género las condiciones para que los municipios transiten de manera pacífica de un sistema de partidos políticos a uno regido por usos y costumbres para la elección de sus autoridades.

También ha permitido la expansión del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

En materia de paridad de género, ha sido firme y consistente en defender los derechos políticos de las mujeres, con el propósito de transitar de la paridad legal a la paridad de facto, según la jurisprudencia 6/2015.

Y ha permitido revertir el proceso de exclusión política experimentado por las mujeres a lo largo de la historia y garantizar condiciones de acceso, para que éstas ocupen cargos públicos.

La propia integración actual del Congreso de la Unión a nivel federal es resultado de la histórica decisión jurisdiccional del Tribunal Electoral federal, que obligó a los partidos políticos a respetar la cuota de género durante la contienda electoral de 2012.

Sus criterios han orientado a los partidos políticos para incluir a 40 por ciento de mujeres y a 50 por ciento de hombres en los listados de candidaturas a cargos de elección popular y ahora los partidos políticos nacionales y locales, así como las coaliciones están obligados a cumplir con la paridad de género.

En otros rubros, la Sala Superior ha establecido criterios jurisprudenciales relacionados con la libertad de expresión, la transparencia y los medios de comunicación, privilegiando un debate político robusto encaminado a lograr que el derecho a votar se convierta en el derecho a elegir.

Esto es, se ha privilegiado la libre manifestación de ideas, expresiones y opiniones, ha impulsado la consolidación del sistema de partidos, protegido el derecho a la honra y dignidad, según la jurisprudencia 11/2008.

Como resultado de los criterios aprobados en sus dos décadas de trabajo, los partidos políticos están obligados actualmente –Tesis V/2016-, a respetar el derecho a la información de sus militantes, en tanto que los servidores públicos a observar el principio de neutralidad en el ejercicio de sus funciones.

Conforme a la convocatoria emitida el 6 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá emitir el 29 de agosto, en sesión pública, la lista de los 21 candidatos finalistas a magistrados de los 42 que actualmente existen –de un primer grupo de 126 inscritos-, para conformar las siete ternas que enviará al Senado de la República.

Después, la Cámara alta elegirá con el voto de las dos terceras partes de los presentes, a los siete magistrados que integrarán la Sala Superior en sustitución de Constancio Carrasco Daza, presidente; María del Carmen Alanís Figueroa y Manuel González Oropeza.

También de los magistrados Flavio Galván Rivera, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos.

Y debido a que desde abril de 2015 quedó pendiente la designación por parte del Senado del o la magistrada sustituta del entonces magistrado presidente Alejandro Luna Ramos, quien concluyó su gestión en esa fecha.

El Senado tiene como plazo el 30 de octubre para elegir a los nuevos magistrados, dos de los cuales ocuparán el cargo del 4 de noviembre al 13 de octubre de 2019; dos más concluirán en 2020 y el resto en 2025.

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