Suprema Corte niega amparo que pedía una indemnización a la PGR

México, 7 Sep (Notimex).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó amparo que solicitaba a la Procuraduría General de la República (PGR) indemnizar a un quejoso por responsabilidad patrimonial del Estado.

Los ministros explicaron que este caso no implica que los agentes del Ministerio Público no puedan ser sujetos de responsabilidad penal o administrativa, o que se les deba eximir de la reparación del daño en otras vías.

Sin embargo, los ministros resolvieron el amparo directo 6/2016, interpuesto por Manuel Luna Pérez y diversas personas físicas, quienes reclamaron a la PGR una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado.

Los demandantes argumentaron que los agentes de ese organismo habían incurrido en una actividad administrativa irregular, consistente en la supuesta incorporación de pruebas ilegales durante la averiguación previa, lo que provocó que se les privara indebidamente de su libertad.

La función regular del Ministerio Público de la Federación durante la averiguación previa, consiste en realizar las diligencias necesarias para la acreditación de la probable responsabilidad, a efecto de encontrarse en aptitud de ejercer la acción penal.

Siendo que, con base en esos elementos probatorios, es al juez federal a quien le compete determinar sobre la culpabilidad de los indiciados y, el mero hecho de que se llegue a emitir una sentencia absolutoria, no conlleva a la demostración de que las actuaciones realizadas durante la averiguación previa resultan irregulares.

En esa etapa procesal, basta con que los indicios sean suficientes para sustentar el estándar de “probable” y no de “absoluta” responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos y del cuerpo del delito.

Estimar lo contrario implicaría que el solo hecho de que los jueces emitan una sentencia absolutoria, obligaría a que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado siempre deba otorgarse una indemnización por la actividad administrativa irregular.

Esto, a pesar de que el Ministerio Público de la Federación hubiese cumplido con sus funciones constitucionales y legales de argumentar las razones por las que en la causa en cuestión se advirtió la probable existencia del conjunto de los elementos que constituyen la materialidad del hecho delictivo.

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