Suprema Corte invalida decretos anticorrupción de Chihuahua y Veracruz

México, 5 Sep (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los decretos con los cuales fueron reformados y adicionados diversos ordenamientos de Chihuahua y Veracruz, con los que pretendían configurar sus sistemas anticorrupción.

Los ministros declararon inconstitucionales e invalidados por completo los decretos impugnados de ambas entidades, por haber sido emitidos de manera previa a la entrada en vigor de las leyes generales de la materia.

El pleno también indicó que los congresos estatales violaron la veda temporal o condición suspensiva de sus facultades para legislar sobre el tema.

Asimismo violentaron los artículos transitorios del decreto de la reforma constitucional aludido, que ordenan la emisión de leyes generales para la configuración y puesta en marcha del sistema constitucional en la materia.

Ello no significa que se despoje a las legislaturas locales de la competencia para legislar sobre responsabilidad de servidores públicos y anticorrupción.

Los ministros precisaron que las leyes generales, la adecuación y el ajuste de normas tanto federales como locales debían esperar a que entrara en vigor la reforma constitucional en la materia y que ese sistema constitucional estuviese vigente.

La reforma constitucional previó una “veda temporal” o condición suspensiva al ejercicio de la facultad de las entidades federativas para legislar en la materia.

Por eso resulta claro que la normatividad previamente aprobada y difundida a aquella que corresponde emitir al Congreso de la Unión, violenta las bases de coordinación y articulación entre órdenes de gobierno y genera una distorsión en el modelo transitorio establecido por la Constitución Federal, señalaron.

Al no haberse atendido el modelo transitorio constitucional, se presentó un vicio de inconstitucionalidad, pues al momento de la emisión de los decretos combatidos, las legislaturas locales no tenían conocimiento de los contenidos de las leyes generales que servirían de parámetro a su actuación.

Dicha situación provocó un efecto de distorsión respecto de los fines constitucionales establecidos para la materia de combate a la corrupción.

El 27 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma a la Constitución Federal, por virtud de la cual se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, en cuyos artículos transitorios se previó que el Congreso de la Unión tendría la obligación de expedir las leyes generales de la materia.

Tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con base en lo avalado, expedir las leyes y adecuar las normativas correspondientes para la configuración de sus respectivos sistemas locales anticorrupción.

Se previó que en tanto se expidiesen y reformasen esas leyes, se continuaría la aplicación de la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encontrase vigente a la fecha de entrada en vigor de ese decreto.

A pesar de lo anterior y de que el Congreso de la Unión no había expedido las citadas leyes generales, los días 10, 13 y 28 de junio, así como el 1 de julio de 2016 fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz diversos decretos.

Dichos decretos reformaron y adicionaron varios artículos de la Constitución Política, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas de aquella entidad.

Además el 11 de junio de 2016 fue publicado en el periódico oficial de Chihuahua el decreto 1364/2016 II P.O., mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de ese estado en materias de responsabilidad de servidores públicos y anticorrupción.

En respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió las acciones de inconstitucionalidad 56/2016 y 58/2016, respectivamente, al estimar que los citados decretos violentaban los artículos transitorios del decreto de reforma a la Constitución Federal, por haberse emitido con anterioridad a que se conocieran las bases para configurar el sistema local anticorrupción.

Estos artículos habrían de plasmar en las leyes generales de la materia, motivo por el que las autoridades emisora y promulgadora no contaban con la competencia para el efecto.

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