A su vez el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, indicó que las negociaciones, iniciadas a fines de 2012 y que se realizan en La Habana, están en momentos críticos porque se tratan “temas esenciales” como es la participación política de los grupos alzados en armas.
Desde el inicio de los diálogos con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en octubre, Juan Manuel Santos siempre dijo que aspiraba a que las negociaciones no se extendieran indefinidamente en el tiempo y que en un año hubiera algún tipo de acuerdo en la agenda de discusiones, que consta de seis puntos.
Hasta ahora las dos partes tienen acuerdos parciales en el primer tema de la agenda, sobre una política agraria integral, y actualmente discuten la participación política de los movimientos que surjan tras la firma de la paz o de los rebeldes desmovilizados, con lo cual los tiempos inicialmente previstos por el mandatario parece que se quedarán cortos.
“Vamos a acelerar. Ayer (lunes) estuvimos reunidos con los negociadores (del gobierno), vamos a ver cómo aceleramos estas conversaciones, el tiempo apremia, la gente quiere la paz, pero exige que avancemos con más rapidez”, dijo Santos en un acto de inauguración de un hospital para militares en Bogotá. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea”, añadió el mandatario citado en una nota de la casa de gobierno.
El presidente además ratificó su garantía a los militares en torno a que “los beneficios jurídicos que se vayan a otorgar a la contraparte (la guerrilla) para lograr esa paz, esos beneficios jurídicos por supuesto que también van a ser aplicables a los miembros de nuestras fuerzas (armadas) que han podido cometer algún error, que hayan podido estar involucrados en alguna equivocación en los actos del servicio”.
“En todo conflicto, cuando hay que terminarlo, hay que sacrificar algo de justicia; en unas veces bastantes, otras veces menos, para conseguir la paz. Esa es una decisión inexorable que tiene cualquier sociedad”, añadió el mandatario.
Poco después en otro acto, pero en la casa de gobierno, el mandatario volvió a plantear sus dudas sobre hasta dónde normas internacionales pueden dictar o regir el proceso de paz. Juristas y activistas de derechos humanos han destacado que tratados internacionales contemplan sanción para los responsables de delitos de lesa humanidad y otros, como los imputados a algunos de los jefes de la guerrilla y que no se podría otorgar una amnistía a los comandantes de la guerrilla.
“¿Hasta qué punto nuestra paz va a ser dictada por los organismos internacionales y hasta qué punto deben intervenir los organismos internacionales en la construcción de nuestra propia paz? ¿Hasta dónde tenemos o qué flexibilidad tenemos para construir esa paz nosotros? Creo que tenemos muchísima. Tenemos todo el derecho. Los pueblos, los países tienen derecho a construir su paz en la forma como lo considere conveniente, respetando ciertos principios y ciertos parámetros, a los cuales nos hemos obligado internacionalmente por tratado y también por convicción”, dijo Santos.
A su turno Jaramillo, uno de los seis negociadores oficiales, dijo que “estamos en este momento en La Habana en un momento crítico de la negociación. Yo creo que en los próximos meses sabremos si esto va a salir o no, porque estamos entrando en los temas esenciales”.
Jaramillo, en declaraciones divulgadas por la radio Caracol, dijo además que “una negociación de paz funciona en unos tiempos que no necesariamente son los tiempos de las instituciones”. Juan Manuel Santos debe anunciar en noviembre, seis meses antes de las elecciones presidenciales previstas para mayo de 2014, si buscará o no la reelección para un segundo cuatrienio de gobierno. Y en pasadas elecciones el tema de la paz o de afrontar militarmente a las FARC ha sido determinante en la campaña y la victoria de un candidato.
El gobierno quiere someter el eventual acuerdo de paz que se firme con los rebeldes a un referendo para que la población sea la que lo apruebe o rechace y busca que la consulta se realice en la misma fecha de las elecciones legislativas o las presidenciales. Esto ha puesto bajo presión al Congreso, dominado por el oficialismo y tradicionalmente lento en sus debates, que deberá aprobar en al menos seis meses la modificación de la norma que prohibe realizar consultas en igual fecha que las elecciones.