Proponen Fiscalía General de Justicia para el Estado de México

Toluca, 19 May (Notimex).- El Ejecutivo del Estado de México envió al Congreso local una iniciativa de decreto para crear la Fiscalía General de Justicia, en sustitución de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad.

En un comunicado el gobierno mexiquense precisó que el nuevo organismo será autónomo, con presupuesto propio, estará enfocado a la investigación científica de los delitos y desempeñará sus atribuciones en forma independiente, imparcial y objetiva.

El documento detalla que el cargo de fiscal será de nueve años, para evitar que esté ligado a los periodos sexenales de gobernador y trienios legislativos.

La Fiscalía contará con una mayor especialización, control y transparencia en las investigaciones y persecución de los delitos, contando con independencia técnica, funcional, financiera para atender con eficacia y eficiencia su función en beneficio de los mexiquenses.

La dependencia estará a cargo de un Fiscal General; establecerá como requisito para ocuparlo tener una experiencia en la investigación y persecución de los delitos y en la administración pública, así como un periodo de 10 años en el ejercicio de la profesión.

El nombramiento se hará bajo un mecanismo a partir de una lista de al menos 10 candidatos, aprobada por la Legislatura, la cual se enviará al Ejecutivo Estatal para que formule una terna y la ponga a consideración del Legislativo.

Con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas la Legislatura designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, dentro del plazo de 10 días.

La iniciativa contempla que en caso de que no se envíe la terna referida la Legislatura tendrá 10 días para designar al Fiscal General de entre la lista original.

El Fiscal General podrá ser removido del cargo cuando incurra en violaciones graves a la ley o por dejar de cumplir cualquiera de los requisitos para su designación.

Con esta nueva iniciativa se fortalecerán los servicios periciales y los de análisis de la información, así como los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que fomenten soluciones tempranas de los casos penales.

También se plasma la obligación de fijar las bases para un servicio de carrera, con objeto de formar servidores públicos profesionales.

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