Poco eco en OEA para salvar a CIDH de crisis financiera

Por Rubén Barrera. Corresponsal

Washington, 25 May (Notimex).- El llamado de urgencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recibir fondos de emergencia y evitar el despido del 40 por ciento de su personal, tuvo poco eco entre la mayoría de los países de la OEA.

Durante una sesión del Consejo Permanente en el que la crisis fue discutida, apenas Panamá y Antigua y Barbuda anunciaron la entrega inmediata de recursos, en tanto que otros gobiernos ofrecieron medidas “correctivas” como el traslado de la sede de la CIDH a Costa Rica.

Antigua y Barbuda ofreció un cheque por mil 800 dólares, o el 10 por ciento de su cuota anual, mientras que Panamá anunció la entrega para el jueves de una donación por un monto que no fue especificado.

Pero la propuesta del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro para que las aportaciones voluntarias sean entregadas directamente por los países a la comisión no encontró resonancia entre las naciones, algunas de las cuales arrastran adeudos de varios años en el pago de sus cuotas.

Sin embargo, el directivo dejó en claro que la crisis que enfrenta la comisión, la peor de su historia, más que un problema financiero constituye un hecho político que es responsabilidad de los 35 países miembros.

“Estamos ante un hecho político del que somos responsables. La responsabilidad es nuestra, de los países, de la Secretaria General. Nosotros mismos hemos sido los que hemos permitido llegar a esta situación”, indicó Almagro.

“No hemos tenido al arresto anímico ni la energía ética para financiar nuestro propio sistema interamericano de derechos humanos”, lamentó.

Estados Unidos consideró que la situación requiere que los países miembros asuman su compromiso de financiar el sistema interamericano de derechos humanos, haciendo notar que en su caso, tan solo este año ha aportado 2.4 millones de dólares en contribuciones voluntarias.

El presidente de la CIDH, James Cavallaro, indicó que mientras la OEA destina apenas 6.0 por ciento de su presupuesto regular de poco más de 80 millones de dólares al sistema interamericano de derechos humanos, el que destina el Consejo de Europa para estas tareas en su región corresponde al 41 por ciento.

“Lo que el panorama plantea es la imposibilidad de la CIDH de cumplir con su mandato, y consecuentemente la desprotección de miles de víctimas para quienes esta institución es su última oportunidad en obtener justicia”, indicó el jurista en su intervención en la sesión de este miércoles.

Cavallaro alertó que la situación que enfrenta la comisión resulta ya insostenible, ante la cual se han diseñado estrategias de corto y largo plazo, incluyendo la suspensión de visitas programadas para este año, así como la celebración de los dos periodos de sesiones ordinarias de julio y octubre próximo.

“Para el largo plazo se requiere de un aumento sustantivo del presupuesto otorgado a la CIDH como órgano principal del sistema interamericano. Aumentar de forma radical el presupuesto regular de la OEA”, precisó.

Además del recorte de sus operaciones para este año, Cavallaro recordó que si la CIDH no se allega los recursos que requiere antes del 31 de julio próximo, 30 de sus 78 funcionarios perderán el trabajo.

“La comisión considera que está es una oportunidad para que el compromiso de los Estados con la defensa de los derechos humanos en la región, se refleja en el presupuesto que le asigna”, dijo.

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