Plan Cóndor en Argentina recibirá sentencia este viernes

Por Cecilia González, Corresponsal

Buenos Aires, 26 May (Notimex).- La justicia argentina emitirá este viernes la primera sentencia por el represivo Plan Cóndor que, con el apoyo de Estados Unidos, aplicaron las dictaduras de seis países sudamericanos para aniquilar a opositores políticos en la década de 1970.

El proceso es histórico, ya que tuvieron que pasar cuatro décadas desde el inicio de los secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones e intercambio ilegal de presos políticos para que la causa llegara a tribunales bajo el cargo de “asociación ilícita”.

Este viernes se sabrá si los jueces dan por probadas las imputaciones que pesan sobre 32 exmilitares argentinos y uno uruguayo, aunque sólo 17 escucharán la sentencia porque el resto de los acusados murieron o fueron apartados del caso por problemas de salud.

El Tribunal Oral Federal 1 investigó durante tres años los casos de 105 víctimas en un juicio en el que desfilaron centenares de testigos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, países que organizaron la sangrienta persecución.

Los fiscales y las querellas encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas a nivel internacional, y la Secretaría de Derechos Humanos, pidieron condenas de 25 años de prisión.

Como parte de la causa, se investigaron los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, ubicado en Buenos Aires, y a donde eran llevados los uruguayos que vivían aquí o que venían a escapar de la persecución en su país.

El CELS explicó en un informe que, si el tribunal avala las acusaciones, será la primera vez en la región que la justicia reconozca que la Operación Cóndor existió y que fue una asociación ilícita y una coordinación represiva del Cono Sur.

El macabro plan inició el 28 de noviembre de 1975, en una reunión realizada en Santiago de Chile y en la que participaron los organismos de Inteligencia de los países involucrados, salvo Brasil, aunque después se sumó activamente a la represión.

Personajes tenebrosos de la historia latinoamericana como los militares Jorge Casas (Argentina), Carlos Mena (Bolivia) José Fons (Uruguay), Manuel Contreras Sepúlveda (Chile) y Benito Guanes Serrano (Paraguay) se comprometieron a eliminar a opositores políticos y líderes sociales, sindicales y estudiantiles.

La existencia del Plan Cóndor fue rechazada por los gobiernos sudamericanos durante décadas, hasta que Martín Almada, un activista de derechos humanos, encontró en 1992 y en la ciudad de Lambaré los llamados “Archivos del terror” que demostraron la coordinación represiva de las dictaduras.

Con el apoyo de un juez, Almada logró dar a conocer mensajes oficiales que probaron que estos seis países habían orquestado un terrorismo de Estado en la región a través de espionaje ilegal, secuestros e interrogatorios en los que los detenidos eran torturados.

De acuerdo con el CELS, el Plan Cóndor tuvo una primera fase en la que se creó una base de datos centralizada sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan.

Después, se identificó y atacó a los considerados “enemigos” políticos a nivel regional y, por último, se realizaron operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.

“La documentación desclasificada disponible muestra que varias agencias del gobierno de Estados Unidos tuvieron un temprano conocimiento de los alcances de la coordinación represiva y no hicieron demasiados esfuerzos para detenerla”, denunció el organismo.

Uno de los casos más emblemáticos del Plan Cóndor fue el de Carlos Prats, el jefe del Ejército de Chile bajo el gobierno de Salvador Allende quien fue asesinado en septiembre de 1974 junto con su esposa en Buenos Aires.

El largo brazo del Plan Cóndor llegó hasta Washington, en donde el canciller de Allende, Orlando Letelier, murió en agosto de 1973 víctima de un atentado cometido por agentes de Inteligencia chilenos.

Estos crímenes se llevaron a cabo antes de que se formalizara los planes de represión regional, pero fueron los antecedentes de la persecución coordinada que se pondría en marcha en los años siguientes.

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