Piden a Congreso que declare emergencia social carcelaria en Colombia

Bogotá, 9 Jun (Notimex).- La Defensoría del Pueblo pidió ante el Congreso de Colombia la urgente declaración de emergencia social carcelaria, por los altos índices de hacinamiento y falta de atención médica para los presos.

El organismo denunció ante el Congreso que en Colombia hay más de siete mil 300 presos, localizados en 23 centros carcelarios que carecen de servicios de salud.

El órgano defensor de los derechos humanos en Colombia, hizo un informe sobre la inspección que hicieron sus delegados a las prisiones en las diferentes regiones, cuyas conclusiones fueron entregadas a la Comisión Primera del Senado.

Según el reporte de 20 mil 945 procedimientos “solicitados por los pacientes privados de la libertad, sólo han sido autorizados ocho mil 531, es decir apenas el 40.7 por ciento”.

Según el estudio en 84 de 132 establecimientos analizados, lo cual equivale a más del 63 por ciento, “no hay entrega de medicamentos a los enfermos y en 109 de ellos (82.5 por ciento) se incumple el suministro de insumos médicos, hospitalarios y odontológicos”.

La Defensoría del Pueblo concluyó que tan sólo hay un médico por cada 797 internos en el país, que no existen regentes de farmacia y que tampoco hay auxiliares a cargo del archivo de historias clínicas dentro de los establecimientos.

La situación tiende a agravarse si se tiene en cuenta “que de los casi 10 mil pacientes oficialmente registrados en el sistema, cuatro mil 339 padecen hipertensión arterial, dos mil 162 son pacientes siquiátricos, mil 074 presentan diagnóstico por diabetes y 613 por VIH” (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

“Durante los últimos meses fallecieron cuatro internos por falta de atención médica en La Picota (en Bogotá), mientras 45 de los pacientes diagnosticados con VIH en la cárcel Modelo (Bogotá), siguen sin recibir medicamentos antiretrovirales ni controles con infectólgo”, subrayó el informe.

El organismo de control para los derechos humanos en Colombia dio a conocer el caso de una reclusa en la ciudad de Sincelejo, quien pese a tener 22 semanas de embarazo no ha tenido acceso a chequeos médicos ni controles prenatales.

El documento también señaló que “la población nueva que ingresó al sistema en el mismo período bordeó las cinco mil personas. Por ello, la Defensoría del Pueblo insistió en la declaratoria de una emergencia social carcelaria”.

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