Panamá: 46 años de cárcel a policías por muerte de menores

PANAMA (AP) — Un tribunal superior de justicia condenó a 46 años de prisión a tres policías y a la entonces directora de una cárcel de menores por la muerte de cinco adolescentes que perecieron quemados en un incendio en una de las celdas del reclusorio ocurrido en el 2011.

El Órgano Judicial informó el lunes, en un comunicado, que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia de la magistrada Lourdes Estrada, declaró penalmente responsables a los policías Carlos Ortega, Ángel Batista, Eduardo Barreno y a Iris Cedeño como autores de los delitos de “homicidio en grado de consumación en perjuicio de los menores”. A todos ellos los condenó también por los delitos de “castigo infame, vejación o medidas arbitrarias y los condenó a 46 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso de 5 años, luego de cumplida la pena principal”.

El Tribunal también declaró culpables a otros dos policías: Joel Rodríguez y Maikol González, por homicidio en grado de tentativa y los condenó a 40 años de cárcel.

En tanto, el custodio Guillermo Abrego y los policías Ernesto Blake y Darío Caballero fueron condenados a seis años de prisión por la comisión del delito de castigo infame, vejación o medidas arbitrarias.

Durante la audiencia que se celebró a mediados del 2015, la fiscalía presentó informes del Cuerpo de Bomberos y de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para sustentar que el incendio en una de las celdas del reclusorio en la periferia este de la capital panameña donde se encontraban los menores, se produjo por la introducción de una bomba lacrimógena que generó una chispa e incendió un colchón. Los jóvenes no pudieron salir de la celda en llamas porque la puerta estaba cerrada con candado, y la fiscalía asegura que los sobrevivientes recibieron golpes, heridas de perdigones y patadas por parte de agentes policiales.

Los adolescentes fueron llevados a un centro hospitalario pero fallecieron posteriormente.

El caso generó hondo malestar entre organizaciones de derechos humanos y de defensores de los jóvenes y familias que cuestionaron la actuación de las autoridades policiales.

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