Magistrado electoral propone simplificar medios de impugnación

México, 14 Jun (Notimex).- El magistrado Flavio Galván Rivera, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que se tiene que revisar la ley para que este órgano conozca de controversias de trascendencia jurídica, no de procedimientos administrativos.

Consideró que se debe simplificar el sistema de medios de impugnación y expedir una auténtica ley procesal electoral, a fin de que la Sala Superior conozca sólo controversias de relevancia jurídica que sean realmente constitutivas de litigio, no de proceso administrativo.

Tras participar en la Mesa “¿Es necesaria la reforma del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral?”, del Seminario La Reforma de la Justicia Electoral realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que el sistema de medios de impugnación es asistemático.

Recordó que mientras en 1987 con el Tribunal de lo Contencioso Electoral los recursos en etapa preparatoria eran revocación, revisión, apelación y queja, ahora son nueve medios de impugnación con la jurisprudencia.

Refirió que a esos recursos se agregaron uno que está previsto en la ley y otro que no está nominativamente: el juicio laboral para los servidores públicos al servicio del Instituto Nacional Electoral (INE), con todo un capítulo y los conflictos laborales de los trabajadores del TEPJF, del que conoce la Sala Superior”.

En este contexto, el magistrado planteó que los juicios laborales estén en su tribunal porque se rompen todos los principios del debido proceso legal, “al resolver siendo jueces y demandados, además de ser patrones.

“Dejemos en libertad a los trabajadores para que puedan recurrir a un tribunal imparcial, a un auténtico tercero en la controversia”, reiteró.

Respecto a las salas regionales, Galván Rivera propuso tener un magistrado unitario de primera instancia por cada entidad federativa, ya que en su opinión hay asuntos que no requieren de siete, sino de tres.

Es decir, dos salas colegiadas de tres integrantes y un pleno de siete para resolver temas de auténtica constitucionalidad y convencionalidad.

“Se dice mucho actualmente de la judicialización de las elecciones y es cierto, bueno, desfoguemos la cantidad de trabajo que se tiene, resolvamos a tiempo, que se pueda instalar una sala en el momento que sea requerido sin que tengamos necesidad de esperar quórum de cuatro, con tres se puede sesionar si se organiza con dos salas”, señaló.

Asimismo, planteó que el presidente no tenga integración a sala sólo cuando forme parte del pleno que tenga funciones jurisdiccionales y que la ausencia de un magistrado propietario sea suplida por uno supernumerario o bien por integrantes de una sala auxiliar.

Finalmente, comentó que las salas regionales sufren de capitis deminutio al no establecer tesis de jurisprudencia, no por falta de capacidad o entusiasmo, sino porque a diferencia de la Sala Superior, cuando establecen el mismo criterio en cinco casos similares, tienen que elaborar la explicación del proyecto de tesis y tiene que ser el TEPJF quien resuelva si se establece o no.